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MADRID (EP). El empresario valenciano Ángel de Cabo, detenido este lunes junto al expresidente de la CEOE y del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán, se habría encargado de realizar "prácticas de extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo Mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes", según consta en un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en febrero pasado.

La resolución judicial, dictada en el marco de la causa que se sigue contra el empresario José María Ruiz Mateos y los responsables del grupo Nueva Rumasa, señalaba que ésta era una de las "estrategias seguidas" por De Cabo para "lograr el máximo beneficio" en la compra y venta de empresas.

CREACION DE DOCUMENTOS PREDATADOS

El juez Ruz detallaba que el empresario, actual propietario de Nueva Rumasa y Viajes Marsans, también se dedicaba a "la elaboración de documentos predatados y su inclusión en procedimientos judiciales".

Según este auto, las investigaciones policiales concluían que el nuevo dueño de Nueva Rumasa tenía "en su poder" toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de varias matrices holandesas y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo.

De Cabo, que adquirió 75 sociedades de Nueva Rumasa a través de la sociedad Back in Business, también está imputado en el marco de esta causa, en la que se encuentran imputados José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental.