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PARÍS (EP). El presidente del Gobierno francés, Nicolas Sarkozy, se ha mostrado abierto a realizar cambios en algunos puntos de la reforma del sistema de pensiones, respetando el equilibrio general de la propuesta, pero rechaza una modificación de la propuesta de retrasar la edad mínima de jubilación de los 60 a los 62 años.

"No hay posibilidad de retorno en este punto", aseguró Sarkozy en un comunicado escrito un día después de la huelga general convocada por los sindicatos contra esta reforma, y en el que defiende que es la solución "más razonable" y la que se está adoptando en otros países después de que la esperanza de vida haya aumentado en 15 años desde 1950.

Sarkozy incide en que se ha negado a recurrir a otras opciones como bajar el importe de las pensiones o aumentar de forma masiva la presión fiscal, ya que esto último supondría penalizar el poder adquisitivo, destruir el crecimiento y empleo y fomentar las deslocalizaciones.

Sin embargo, el presidente francés asegura que sí se realizarán cambios a la hora de tener en cuenta el tipo de trabajo o la dificultad para realizarlo para mantener la edad de jubilación en los 60 años, opción que se recogía ya para aquellos trabajadores con un grado de incapacidad superior o igual al 20%.

En este sentido, y teniendo en cuenta las propuestas realizadas por el ministro de Trabajo, Eric Woerth, después de conversar con los agentes sociales, Sarkozy mostró su voluntad de que esta medida se pueda extender a los agricultores y a las personas con un grado de incapacidad superior al 10%, que deberán comparecer ante un comité multidisciplinar que decidirá si concede una pensión de jubilación a los 60 años en lugar de 62.

Por otro lazo, Sarkozy insiste en que se trata de una de las reformas más importantes para Francia porque es necesario asegurar el sistema a las próximas generaciones en un momento en el que "una de cada diez pensiones se financia con deuda". "Es una reforma esencial", remarca.

Asimismo, considera "normal" que esta propuesta suscite inquietudes y movilizaciones importantes como la que se celebraron el martes en todo el país y reconoce que está atento a las preocupaciones expresadas. Así, añade que las organizaciones sindicales están cumpliendo con su papel a la hora de convocar la huelga, pero defiende que el Gobierno también está atento a las consecuencias que pueda tener en los servicios públicos.

Por último, remarca que con esta reforma está asumiendo sus responsabilidades como presidente, porque "el deber de un jefe de estado es no ignorar las dificultades o dejar que las resuelvan sus sucesores". "Al contrario, es mirar la situación de cara y aportar soluciones duraderas y justas", agrega.
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