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VALENCIA (EP/VP). El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Requena (Valencia) ha procesado a 10 personas, entre ellas, a dos exdirectivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por presunta prevaricación y otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance, según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el magistrado ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado, en el que describe los hechos, los posibles delitos y las personas a las que decide procesar. El siguiente paso es que las partes presenten sus respectivos escritos de calificación o pidan el archivo, y que se inicie el juicio oral. Con esta resolución, se daría por concluida la instrucción.

En el auto constan como procesados dos exdirectivos del IVF, Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio, además del que fuera director del área de Inversiones Crediticias de esta entidad, Enrique Benede; el exalcalde de Jalance, Ángel Abed Navarro Navarro; el expresidente del Consejo de Administración, Joaquín Boil, y el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L., Pedro López; el administrador de la entidad, Joaquín Miguel Boil; y otros tres imputados más.

Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, estiman que han producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.

De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.

Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.

Como consecuencia de esta gestión, en marzo de 2005, Asunción Boscá y José Rafael Martínez -representados por el letrado Ignacio Torres- interpusieron una querella contra tres miembros del consejo de la mercantil por presuntos delitos cometidos dentro del ámbito societario. El juzgado de Requena abrió diligencias por estos hechos en julio.

Transcurridos dos años, en marzo de 2007, los dos empresarios ampliaron la querella y acusaron a un total de 10 personas, entre ellas, los exdirectores del IVF, por unos supuestos delitos societarios, insolvencia punible, prevaricación administrativa, falsificación de documentos, apropiación indebida, delito fiscal, contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, estafa y omisión del deber de perseguir delitos y malversación de caudales públicos.

"CONSINTIÓ" IRREGULARIDADES

Los querellantes mantienen que el entonces alcalde de Jalance "consintió" estas irregularidades societarias, contables, fiscales y financieras de la sociedad, máxime cuando fue designado como secretario del Consejo de Administración una persona que actuaba en representación del consistorio.

Además, los empresarios aseguran que Enrique Pérez Boada, en su etapa de director general del IVF, dejó de ejecutar la garantía hipotecaria del préstamo concedido al hotel, de importe de 1.312.610,44 euros, dejando actuar al otro acreedor, el banco, que instó ejecución y subasta del inmueble donde radicaba el hotel y posteriormente cedió el remate del 41,935 por ciento de la propiedad del IVF.

Por su parte, aseveran que tanto a José Manuel Uncio, también director de esta entidad en octubre de 2003, y a Enrique Benede, entonces director del área de Inversiones Crediticias de la entidad, el empresario José Rafael Martínez les advirtió de la situación de la sociedad y les instó a tomar medidas. Al no hacerlo, los empresarios sostienen que estas tres últimas personas, relacionadas con el IVF, pudieron cometer supuestos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.