07/09/2010 El Estado redujo el 45 por ciento la licitación de obra pública y el Consell el 60 por ciento. La morosidad en el pago de las obras es otro de los problemas a los que se enfrentan estas empresas, ya que si bien "el Gobierno central paga en fecha y no hay queja de ningún ministerio, el autonómico lo hace con retraso"

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VALENCIA (EFE). La licitación de obra pública por parte del Gobierno en la Comunitat Valenciana se redujo un 45% entre 2007 y 2009 (ambos inclusive), si bien este descenso fue más acusado en los proyectos del Consell, que menguaron un 60%, según datos de la Federación de Empresas Contratistas (Fecoval), expuestos por el presidente de la organización, Javier Luján,y el secretario gneral de la misma, Eduardo Beut.

La morosidad en el pago de las obras es otro de los problemas a los que se enfrentan estas empresas, ya que si bien "el Gobierno central paga en fecha y no hay queja de ningún ministerio", según Beut, "el autonómico lo hace con retraso".

"Las cifras que maneja el Consell no son las mismas que tenemos nosotros", ha apuntado Beut en referencia a unas recientes afirmaciones del conseller de Infraestructuras, Mario Flores, sobre la morosidad de la Administración valenciana en las que afirmó que se pagaba "al día".

"La obra -del Consell- que se financia vía presupuestaria se suele pagar a 190 ó 220 días, pero si la responsable es una empresa pública el plazo entonces se alarga hasta los dos años o más", ha añadido Beut.

El presidente de Fecoval, Javier Luján, ha apuntado que sólo la licitación de los ayuntamientos ha crecido en torno al 30%, debido esencialmente a los planes E y Confianza, si bien el importe de estas obras "no es demasiado significativo" al tratarse de pequeñas actuaciones.

Entre 2007 y 2009 unas 5.000 empresas valencianas del sector de la construcción han cerrado, y Fecoval calcula la destrucción de empleo en el 25%, sobre todo en directivos y técnicos, lo que significa unos 120.000 puestos de trabajo.

Esta federación ha insistido en que la obra pública debe ser "la piedra angular de la recuperación económica" al tratarse de una inversión que tiene un retorno de "sesenta céntimos por euro" y ser el "subsector que más empleo genera por euro invertido".

"Entendemos que las administraciones han de controlar el déficit público, pero creemos que se han producido demasiados recortes en inversiones productivas y no se ha metido la tijera en el gasto corriente", ha apuntado Luján.

Por ello, ha reclamado que se retome la inversión en obra pública y se busquen nuevas fórmulas para su financiación, aunque sobre este aspecto ha advertido de que no se puede "fiar todo a la colaboración público-privada, ya que no va a haber dinero para todos".

"No sé si alguien ha sumado todo lo que el Ministerio de Fomento pretende financiar mediante la colaboración público-privada, pero se habla de unos 17.000 millones, más otros 4.600 que proyecta la Generalitat. Creo que las administraciones deben ser más creativas", ha dicho Luján, quien ha propuesto vías como la 'euroviñeta', la privatización o la prolongación de concesiones.

"No se puede pretender que se sustituya la financiación ordinaria, hay que atender a la realidad del sistema financiero", ha añadido el presidente de Fecoval.

A su juicio, considera imprescindible que el Gobierno se comprometa a seguir adelante con la llegada del AVE a Alicante y Castellón, el tercer carril de la A-3, los accesos al aeropuerto de Alicante y la circunvalación de Valencia.

Por lo que respecta a la Generalitat, los contratistas han reclamado la ejecución del plan de depuración, la finalización de la red de metro (especialmente la estación de Hermanos Maristas), la finalización de la CV-50 y CV-95, y el ferrocarril Alicante-Denia por la costa.

Preguntado por la licitación en 2010, Luján ha reconocido que "está siendo un lío con tanta reprogramación", si bien ha asegurado: "no parece que vaya a ser muy halagüeña".

Por último, ha informado que desde abril de 2009 Fecoval trabaja con el Consell en el diseño de un plan de pagos y ha advertido de que con los plazos actuales varias empresas públicas incumplirían la Ley de Morosidad.