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José Manuel Vela, conseller de Hacienda

VALENCIA (EP). La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha declarado competente para investigar la denuncia presentada por Fiscalía contra el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, por la filtración de un documento relativo al 'Caso Cooperación' al exportavoz del PP en las Corts y exconseller de la extinta Conselleria de Solidaridad, Rafael Blasco.

La sala, dado que Vela es aforado como miembro del Consell, ha incoado diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados por Fiscalía -que incluye además en su escrito como denunciado al Interventor General de la Generalitat, Salvador M.Hernándiz- y las personas que hayan participado en ellos y ha designado instructor al magistrado José Flors, que será quien deba adoptar las decisiones oportunas.

El fiscal ve "especialmente significativo" en su denuncia que el documento que lee Blasco en el pleno de las Corts del 20 de noviembre, según las fotografías que publicó en su día Levante y a las que hace referencia la denuncia, no había entrado en la sede del TSJCV en ese momento y que ese mismo día el escrito llegara al juzgado de instrucción que lo pidió.

Asimismo, sostiene que resulta "extraordinariamente alarmante" que el exconseller, imputado en la causa, lea un documento pedido por el juez a la Intervención General antes de que el órgano que lo pidió lo tenga en su poder, "y lo que es más", que esa lectura se haga en las Corts donde es diputado. Además, recalca que en las diligencias por esta causa está personada la Generalitat como acusación particular, un gobierno autonómico "al que pertenece el honorable conseller que entrega el sobre".

La jueza instructora del conocido como 'caso Cooperación', que investiga un presunto fraude en las subvenciones a ONG por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, remitió la pasada semana al fiscal una información relativa a la presunta filtración de un informe sobre las ayudas a ONG, que había sido solicitado judicialmente a la Intervención General de la Generalitat, por parte de Vela al exconseller Blasco, que está imputado en ese procedimiento, durante un pleno de las Corts.

POSIBLES DELITOS

En un auto de seis páginas, facilitado por el TSJCV, la sala explica que los hechos a los que se refiere la denuncia del Ministerio Fiscal pudieran revestir caracteres de los delitos de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal; encubrimiento, del 451.3 c) e infidelidad en la custodia de documentos, de los artículos 413 y siguientes, de acuerdo con el relato del fiscal.

En esos hechos, añade la sala, y sin perjuicio de lo que se desprenda de la instrucción, de acuerdo con la denuncia, "pareciera haber tenido intervención personal el Honorable Conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela Bargues, aforado ante este tribunal, así como el Interventor General de la Generalitat valenciana, Salvador M. Hernández García".

HECHOS DENUNCIADOS

El fiscal explica en la denuncia que la instructora del 'caso Cooperación' les dio traslado de la noticia publicada en el periódico Levante, en cuya portada constaba una fotografía de Vela mientras entregaba un sobre desde su escaño en las Corts valencianes a una diputada sentada en el escaño posterior, constando que era para que se lo diera a Blasco. El escrito de Fiscalía recalca que Vela es el máximo responsable orgánicamente de la Intervención General, institución a la que se pidió el informe filtrado y es el superior jerárquico del Interventor, que firma el documento.

Asimismo, el fiscal deja constancia de que a Vela, pese a ser conseller de Hacienda, "le está vedado conocer el informe que filtra" porque la solicitud de elaboración del documento se realizó por el juzgado a la Intervención y porque este órgano, pese a estar orgánicamente adscrito a la Conselleria, actúa con "plena independencia funcional".

Además, subraya que en la portada del periódico aparece Rafael Blasco leyendo un documento, y que se observa "con parcial nitidez", que este escrito "que pudiera coincidir con el que le han entregado", es el solicitado por el juzgado en relación con el procedimiento en el que está imputado. El fiscal recalca que, de acuerdo con la información, el documento lleva fecha de 15 de noviembre y va sin la firma del interventor, en un momento en el que aún no ha tenido entrada en el TSJCV.

Así, incide en que el documento que lee el imputado Blasco "no ha podido ser obtenido por ninguna de las partes personadas en el procedimiento, ni desde la sede judicial" dado que en ese mismo día se estaba sellando la entrada del escrito en el juzgado de instrucción número 21 que lo pidió, según los sellos que obran en el informe y que no están en el documento que lee el exportavoz 'popular'.

DILIGENCIAS

La sala recibió el pasado 27 de noviembre la denuncia del fiscal, en la que se explica que entre las diligencias de investigación que se deben practicar se incluye como una de las "principales" e "ineludibles" la relativa al control, visionado y audición de las grabaciones de la sesión de las Corts del pasado 20 de noviembre, y el cotejo de todos los reportajes fotográficos realizados en ese día.

Se trata de unas diligencias que exigen "para su válida realización, sin quebranto del derecho del derecho de defensa, el correspondiente control e intervención de la autoridad judicial, así como la presencia del secretario". Por ello, el ministerio público sostiene que es imprescindible que sea una resolución judicial quien acuerde esta intervención puesto que el fiscal no está facultado para realizar diligencias que supongan la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos.

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