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BERLÍN (VP/EFE). La canciller alemana, Angela Merkel, calificó ayer de "revolución" la decisión de su gobierno de alargar la vida de las centrales nucleares para garantizar el suministro eléctrico, reducir las emisiones de CO2 y facilitar el desarrollo de las energías renovables.

Alemania contará en las próximas décadas "con el suministro eléctrico más eficiente y ecológico del mundo", dijo Merkel en una breve intervención ante los medios en la Cancillería Federal, en la que subrayó que el fin último "es alcanzar lo antes posible la era de las energías alternativas".

La iniciativa energética, sin embargo, se enfrenta a una fuerte resistencia por parte de la oposición socialdemócrata, verde y de La Izquierda, así como de varios estados federados, que han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional y un otoño caliente que comenzará con una gran manifestación de protesta en dos semanas.

El compromiso de los partidos de la Unión (cristianodemócratas y socialcristianos bávaros CDU/CSU) y los liberales (FDP) contempla que las plantas atómicas construidas a partir de 1980 puedan prolongar su vida hasta 14 años, mientras las mas antiguas tendrán una longevidad suplementaria de 8 años.

Esto significa que las últimas centrales nucleares alemanas, de las 17 que se encuentran actualmente funcionamiento, serán desconectadas poco antes de 2040, mientras el acuerdo anterior, suscrito por la coalición socialdemócrata-verde de hace dos legislaturas, estableció que la energía atómica desaparecería en 2022.

Asimismo contempla el pago por parte de los grandes consorcios energéticos alemanes de tasas suplementarias para el desarrollo de las energías alternativas que alcanzarían hasta 15.000 millones de euros, según explicó el ministro de Economía, Rainer Brüderle.

Con independencia de este acuerdo, los cuatro grandes consorcios energéticos alemanes -E.on, EnBW, RWE y Vattenfall- deberán pagar a partir de 2011 y durante seis años una tasa nuclear suplementaria de 2.300 millones de euros, que revertirá en su totalidad en los presupuestos federales con el fin de reducir la deuda acumulada del Estado.

Según cálculos del Öko-Institut de Friburgo, los cuatro principales consorcios ganarán hasta 127.000 millones de euros adicionales con la prolongación de la vida de las centrales y sólo el 25 por ciento de esas ganancias se verán afectadas por el nuevo impuesto.

Merkel insistió en que las plantas nucleares y las centrales térmicas de carbón son "fuentes de energía puente", que no estarán en funcionamiento "más tiempo del necesario", hasta que la mayor parte del suministro energético tenga un origen renovable.

Ante las críticas de la oposición y las organizaciones ecologistas a la prolongación de la vida de las centrales nucleares, la canciller subrayó que la decisión de la coalición conlleva para los consorcios energéticos grandes inversiones para mejorar la seguridad de sus plantas atómicas.

Angela Merkel reconoció ser consciente del "eco negativo" entre la población de esta medida, pero la calificó de "correcta e indispensable" para alcanzar "una revolución" en el suministro energético vital para el futuro de Alemania.

Asimismo subrayó que el nuevo concepto energético del gobierno tiene la vista puesta en el año 2050, reconoció no saber con seguridad cuando se apagará la última planta nuclear e insistió en que se trata de una tecnología puente en el desarrollo de la electricidad ecológica.

Mientras tanto, la oposición se resiste a que el proyecto de ley sea sancionado únicamente por el Bundestag, el parlamento germano, y eluda el Bundesrat, la cámara alta o de los Länder, donde la coalición carece de una mayoría absoluta y podría ser rechazada. Es por ello que los distintos partidos e incluso varios Länder (estados federados) están decididos a acudir al Tribunal Constitucional para tumbar la iniciativa.

La canciller, sin embargo, se mostró convencida de que el proyecto de ley elaborado por su gabinete resistirá toda prueba legal, mientras su ministro de Economía, Rainer Brüderle, comentó que "hemos verificado minuciosamente que nos movemos en terreno seguro" frente una posible demanda ante el Constitucional.