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VALENCIA (EP). El portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, ha reclamado al Gobierno valenciano las facturas correspondientes al expediente de contratación de la Conselleria de Justicia y Administración Pública con Over Marketing para realizar una campaña publicitaria y de comunicación institucional con motivo de las elecciones autonómicas de 2003, por un valor de 452.745,71 euros.
El asunto del contrato fue: 'Servicio de creación de una campaña institucional para promover la participación electoral de las elecciones autonómicas de 2003'.
Blanco se ha expresado de esta manera en rueda de prensa donde ha informado de la recepción del expediente de la contratación de la campaña publicitaria de la Conselleria de Justicia en 2003, en el que ha denunciado que "falta" la parte correspondiente a la oferta técnica que la empresa adjudicataria presentó al concurso y las facturas que justifiquen el cumplimiento del contrato.
En este sentido, ha explicado que el contrato es de 698.293,49 euros y las condiciones de la relación contractual establecen que en caso de que la empresa adjudicataria obtuviese descuentos o bonificaciones comerciales de los medios de comunicación, "deberán ser reinvertidos" en la campaña, con un mayor número de inserciones en prensa, radio o televisión.
Además, para el pago del contrato, la Generalitat establece que se requerirá la presentación de la "correspondiente factura" y la empresa adjudicataria "deberá justificar la efectiva realización de los servicios contratados" y "deberá aportar la justificación económica del coste de las acciones publicitarias mediante las facturas emitidas por los medios o cualquier otro documento justificante que acredite el importe de la difusión".
En este sentido, la documentación presentada señala que la empresa adjudicataria "deberá justificar" la efectiva realización de la difusión mediante los correspondientes certificados de emisión.
Blanco ha remarcado que no están las facturas correspondientes a la realización de las actividades en los medios de comunicación y que suponen más de 450.000 euros. Así, hay spots de cine por 83.436 euros; cuñas en radio por 130.645 euros; o inserciones en televisiones por 148.190 euros; entre otras acciones.
"SOSPECHAS"
Blanco, al respecto, ha apuntado que "no podemos constatar el precio de la campaña" de Over Marketing porque no disponen de las facturas, ha dicho. Por ello, ha indicado que "hay una sospecha de que podría haberse derivado una parte del dinero público de la campaña institucional a otros fines, como la campaña electoral del PP, que coincidía con las mismas fechas --del 9 al 24 de mayo de 2003--".
"Al mismo tiempo que se hace una campaña institucional de promoción del voto, se está haciendo una campaña electoral del un partido político", ha dicho, y ha añadido que, según las declaraciones del responsable de Over Marketing, Daniel Mercado, ante el juez Castro, "él trabajó en esa campaña para Francisco Camps". Por tanto, "hay una sospecha razonable" sobre estos contratos, ha remarcado.
En esta línea, Ignacio Blanco ha apuntado que la entonces directora general de Comunicación de la Conselleria del Portavoz del Gobierno valenciano, Dora Ibars, "certifica" que los trabajos de este contrato "han sido realizados de plena conformidad y acuerdo con lo que se había encargado".
El parlamentario de EUPV ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "ponga luz en este asunto, facilitando lo más pronto posible y sin agotar los plazos, la respuesta a las preguntas y solicitudes de EUPV".
DOCUMENTACIÓN A CASTRO
Blanco ha informado así la intención de remitir esta documentación al titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, que investiga la presunta financiación ilegal del PP balear y el supuesto amaño de contratos en favor de Over Marketing, que se sumaría a la ya enviada con anterioridad por contratos de la Generalitat con la misma empresa.
El diputado de EUPV ha explicado que se desplazará al juzgado de instrucción para poder hablar con los responsables de la investigación para saber cómo está el tema. Pero, "evidentemente, no vamos a presionar a la Justicia", ha apostillado.
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