MADRID (EP). El exconsejero del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, José Rafael García Fuster ha declarado en la Audiencia Nacional que los miembros del Consejo de Administración de la entidad recibieron el pasado 27 de abril un correo electrónico institucional en el que se desmentía la veracidad de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se cuestionaba la solvencia de la entidad, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El correo mencionado por García-Fuster, que ha declarado como imputado en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, fue enviado por el secretario del Consejo de Administración, Miguel Crespo, quien también remitó una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que señalaba que las primeras cuentas de 2011, que arrojaban unos beneficios de 305 millones de euros, presentaban unos problemas formales que se iban a solventar.
El informe del FMI advertía de que, una vez "agotadas" las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), podría ser necesario un "mayor recurso a la financiación pública" para preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades "problemáticas". En relación con los bancos de "mayor tamaño", en referencia a Bankia, aconsejaba tomar medidas "rápidas y decisivas" para fortalecer sus balances.
El imputado, que fue parlamentario del PP en las Corts Valencianes y era presidente de la Comisión de Control de Bancaja, también ha declarado que apoyó las cuentas de mayo, que presentaban unas pérdidas de 2.979, porque pensó que el Banco de España y el Gobierno apoyaban estos nuevos criterios contables y no apoyarlas podría poner en riesgo el sistema financiero español.
"HARAKIRI PARA LOS CONSEJEROS"
También ha declarado el exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Jorge Gómez, que ha culpado de la situación de Bankia a la auditora Deloitte, ya que dio el visto bueno a la fusión de las siete cajas, a la salida a Bolsa y al plan de viabilidad y capitalización que la entidad presentó ante el Banco de España.
En este sentido, ha considerado "una casualidad" que la auditora presentara salvedades a las cuentas de marzo y aplicara al nuevo balance de mayo los mismos criterios contenidos en el decreto aprobado por el Gobierno el 12 de mayo para el saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. "Alguna comunicación con el Gobierno debía de tener Deloitte", ha dicho.
Gómez también ha declarado, según las citadas fuentes, que los representantes de Deloitte esgrimieron ante el Consejo de Administración que el plan de capitalización de la entidad lo había hecho otra auditora y que ellos habían hecho "sumas y restas pero no habían puesto el membrete".
En otro punto de su comparecencia, el exdiputado socialista ha explicado que apoyó la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el capital de Bankia aún sabiendo que esta medida supondría "el harakiri para los consejeros". A su juicio, en la situación de alarma social e inestabilidad que sufría el sector, esa medida era la mejor para garantizar la viabalidad de la entidad.
Las declaraciones judiciales de los imputados se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que declarar el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
A los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
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