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PALMA DE MALLORCA (EP). La Audiencia Provincial de Palma será la encargada de dilucidar si el juez instructor del caso Nóos, José Castro, debe apartarse de la parte de la causa que se centra en hechos acontecidos en Valencia, entre ellos la preparación de los eventos Valencia Summit y otros que finalmente no llegaron a celebrarse pese a los fondos públicos que por ellos percibió el Instituto Nóos, como los Juegos Europeos --por los que el gobierno valenciano pagó más de 382.000 euros--.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha elevado a la Audiencia los recursos presentados por el exsecretario de Turismo de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) José Manuel Aguilar y la exresponsable jurídica de esta entidad María Ángeles Mallent --cuya imputación ha sido archivada provisionalmente--, con los que consideran que el juez no debe encargarse de las pesquisas referidas a Valencia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma deja así en manos de la Audiencia Provincial la decisión sobre la cuestión de competencia planteada, después de que ya desestimase los recursos de reforma interpuestos por los tres interesados sobre esta cuestión.

Y es que en una resolución anterior, el magistrado desplegaba una lista de "significativas coincidencias", que hasta "podría resultar tediosa", entre los negocios urdidos por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, tanto en Valencia como en Baleares, en la que se amparaba para rechazar la petición de apartarse de las investigaciones, a la que se opusieron además Fiscalía y Abogacía balear.

Más en concreto, Castro alegaba cómo tanto en Valencia como en Baleares el marido de la Infanta Cristina utiliza su pertenencia a la Familia Real para lograr contratos y cómo, tanto en uno como en otro sitio, "se desprecia" la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En esta misma línea, el juez apuntaba a las coincidencias "en lo elevado de los importes de las adjudicaciones" así como "en lo ridículo de los presupuestos que se aportan", además de que "todos ellos fueron impuestos" por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres al frente de Nóos. Es más, aseveraba que "en todos los casos fueron aceptados sin discusión por los responsables políticos" de ambas Comunidades Autónomas.

CASTRO APUNTA A LA DEJADEZ DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

"En ninguno de los casos los responsables políticos se preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que consiguieron los organizadores [en referencia al Instituto Nóos] y en aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de los pagos", incidía el instructor de este complejo procedimiento judicial.

Del mismo modo, el juez Castro subrayaba que también en ambos casos se documentaron las adjudicaciones bajo fórmulas de convenios de colaboración "para excluir constreñimientos administrativos y participaciones de terceros que pudieran estar interesados en su adjudicación", toda vez que, ahondando en los propios convenios firmados, precisaba que tanto los de los eventos del Valencia Summit como los del Illes Balears Forum "son prácticamente calcados unos de otros".

EL JUEZ NIEGA UN "IMPERIALISTA AFÁN INSTRUCTOR"

Por todo ello, el juez argumentaba que la extensión de las pesquisas a los eventos de Valencia "no fue fruto de un imperialista afán instructor de este Juzgado" sino que, de hecho, apenas iniciada la instrucción de la causa el propio Torres aportó facturas que correspondían al Valencia Summit, lo que determinó extender a éstos las investigaciones por ser "fácilmente deducible que las mismas facturas podrían ser utilizadas para justificar gastos tanto de los eventos de Valencia como de Baleares, como así apuntan las pesquisas.