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VALENCIA. Ley de punto final. La próxima aprobación de la enmienda al artículo 16 de la Ley de Medidas Tributarias, presentada en el Congreso de los diputados por el Partido Popular (PP), permitirá inscribir en el catastro las viviendas ilegales a cambio de abonar una tasa 60 euros y sin tener que asumir las sanciones que hasta ahora se aplicaban y que llegan hasta los 6.000 euros. A partir de ese momento, los propietarios pasarán a estar obligados a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que hasta entonces habían evitado. 

Una vez aprobada la ley, el proceso de regularización se iniciará de oficio en los plazos que fije cada consistorio, la única administración competente en la materia, que lo comunicará a los afectados. Al tiempo, cada ayuntamiento también podrá aumentar el coeficiente del IBI en los recibos de la contribución para todos los propietarios, según establecía ya la proposición de ley.

La amnistía se aplicará tanto para inmuebles rústicos como urbanos, aunque no podrán beneficiarse las construcciones que vulneren las normativas medioambientales y urbanísticas, como las situadas en zonas inundables. En muchos casos se trata de inmuebles de nuevas construcción, pero en otros afectará también a obras de rehabilitación y mejora no declarada en naves y recintos industriales no declaradas.

UN RESPIRO EN EL CAPÍTULO DE INGRESOS

Aunque el Ministerio de Hacienda no cuenta con una estimación sobre el impacto económico que tendrá la medida para los ayuntamientos, sí se prevé que les permita ampliar sus ingresos corrientes de forma reseñable. Desde distintos municipios valencianos se reconoce que la medida no va a permitir recuperar lo perdido con la caída en la recaudación de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a causa de crisis inmobiliaria, pero "a nadie le amarga un dulce".

El Grupo Popular en el Congreso justifica la medida en que en la práctica "existe una realidad inmobiliaria no declarada" que no es objeto de tributación ni a través del IBI ni del IRPF, "con el consiguiente perjuicio para las finanzas públicas y lesión de los principios de generalidad y justicia tributaria".

Igualmente, la moción advierte que esta medida, calificada de algunos como regularización "a las buenas", tendrá que ir acompañada de una regularización "a las malas" por medio de un plan en "esta línea de lucha contra el fraude tributario en el ámbito inmobiliario" durante los ejercicios 2013 a 2016, que se coordinará con los ayuntamientos.

UNA TASA TEMPORAL

Sobre la tasa de 60 euros para la regularización, la enmienda señala que se devengará al inicio del procedimiento de regularización catastral. "Al tratarse de una tasa vinculada al plan de regularización, tendrá vigencia temporal, por lo que una vez finalizado el mismo dejará de aplicarse", señala la justificación de la moción.

Desde la Fiscalía se ha denunciado en repetidas ocasiones que los ayuntamientos afectados no denuncian estas construcción, aunque las hayan sancionado, cobrando la multa. Esto explica que en el último año sólo se haya investigado en la provincia de Valencia 199 casos y que casi la mitad de los 542 no hayan comunicado ninguna sanción en los últimos años algo "estadísticamente imposible", según fuentes del negocio inmobiliario.