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Inauguración de Ciudad Ros Casares en enero de 2009

VALENCIA. Terminó la aventura inmobiliaria de la familia Ros Casares. Después de cinco meses de gestiones, el consejo de administración de Ros Casares Espacios, gestora del complejo Ciudad Ros Casares, ha convocado para el 10 de diciembre la junta general de accionista. En ella se debe decidir si ampliar capital, reducirlo o disolver la sociedad para, en cualquier caso, concluir un proyecto de diversificación que ha llegado a poner en riesgo el futuro de la mayor empresa metalúrgica valenciana.

Aunque no faltan los que consideran que se trata de la historia de un fracaso, lo cierto es que la solución al problema sin llevarse por delante a la matriz industrial, aquejada de sus propios problemas fruto de la crisis, ha sido también un triunfo, según apuntan fuentes implicadas con el proyecto.

Aunque la solución definitiva está en negociación, fuentes del proceso aseguran que la salida que tiene más posibilidades de salir adelante es la reducción de capital, para proceder a la reestructuración financiera de la mercantil. A modo de epitafio, la junta permitiría así el traspaso de la propiedad del complejo a Sabadell CAM, que ahora controla el 20% de la mercantil Ros Casares Espacios, evitando la dación en pago.

Como se acordó el pasado 31 de julio, el banco asumirá el proyecto a cambio se cerrar los créditos adeudados y prestar parte del espacio destinado a oficinas para albergar en régimen de alquiler la sede la mercantil valenciana.

DE SUEÑO A PESADILLA

La idea de edificar la Ciudad Ros Casares surgió en 2005. Por entonces el riesgo de estallido de la burbuja inmobiliaria sólo era advertido por algunos analistas y buena parte de los grandes inversores valencianos consideraban que no estar en un negocio tan rentable como el inmobiliario era prácticamente una excentricidad.

Por toda la Comunitat Valenciana, se repetía el caso de quienes se deshacían de las empresas industriales que tradicionalmente habían sido su fuente de ingresos para destinar el capital recibido a la compra de suelos o la promoción urbanística. Sin embargo, en el caso de los Ros Casares la estrategia era distinta.

Como defendió en su día el consejero delegado de la matriz, Juan Ros García, la intención del grupo empresarial era diversificar para contar con nuevas fuentes de ingresos que permitieran el crecimiento de la corporación. Además, su voluntad no era sumergirse en el ladrillo sin más, sino desarrollar un proyecto muy concreto: hacer la versión valenciana del llamado Distrito C de Las Tablas (Madrid), donde se encuentra ubicada la sede de Telefónica. Pero en unos pocos años, todo se vino abajo.

UNA OFERTA DE LUJO PARA HACER NEGOCIOS

En este caso, Ciudad Ros Casares se presentaba como "una de las mejores ciudades empresariales de Europa" e incluía lofts, oficinas, locales comerciales y apartamentos turísticos, repartido en más de 172.000 metros cuadrados situado en el polígono Vara de Quart, entre los términos municipales de Valencia y Xirivella.

El complejo estaría "dotado de altas prestaciones tecnológicas y excepcionales calidades con diferentes tipologías, amplias zonas verdes y de ocio, servicios generales y especializados y una excelente ubicación geoestratégica", rezaba la publicidad. El lujo adaptado al mundo de los negocios.

Con una valoración de 220 millones de euros, Ciudad Ros Casares se constituyó con una participación del 50% por parte del Grupo Ros Casares, un 30% del Grupo Somersen y de otro 20% de CAM, entidad con la que se firmó el préstamo para la puesta en marcha.

LA CIUDAD FANTASMA

La situación se empezó a torcer con la entrada en concurso de Somersen en 2007, lo que se resolvió con la compra por parte del grupo metalúrgico de su participación, pasando a contar desde ese momento con un 80% del accionariado a través de la sociedad Goya 69.

Las obras se iniciaron justo en el momento en el que estallaba la crisis financiera internacional y en España se empezaba a advertir el inminente desplome de un modelo de crecimiento basado en el ladrillo. Pese a todo, Ciudad Ros Casares se fue levantando junto al cauce nuevo del Turia hasta su inaguración en enero de 2009 con la presencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; del entonces director general de la CAM, Roberto López Abad, y una nutrida representación del mundo empresarial valenciano.

La comercialización no funcionaba y el complejo empezó a adquirir pronto la pariencia de una ciudad fantasma. En esta situación, a principios de 2010 venció el préstamo otorgado para la puesta en marcha del proyecto, pero la empresa lo renegoció hasta aplazarlo a enero de 2012. Para cuando volvieron a cumplirse los plazos, los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya estaban al frente de la CAM y en la entidad se decidió empezar a buscar una salida definitiva, pese a que Ros Casares fuera pagando las cuotas que iban venciendo a lo largo de la negociación.

Actualmente el complejo está ocupado en un porcentaje reducido y se han sucedido las iniciativas fallidas, como el intento de trasladar allí a parte del personal de la Generalitat, que no cuajó al estar situado en parte en Xirivella y no en Valencia, que era el destino de los funcionarios afectados.

De hecho, la ocupación actual se limita a los lofts de la compañía Adidas, tres plantas de las oficinas ocupados por la propia Ros Casares (adquiridas a través de Goya 69) y, desde hace once meses, por Cruz Roja (concretamente 5.000 metros cuadrados adquiridos por más de seis millones de euros para la ubicación de su sede en Valencia).