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VALENCIA. La entrada en vigor de la reforma del Decreto Ley sobre cajas de ahorros interrumpirá el proceso de conversión de Bancaja en una fundación de carácter especial puesto en marcha por la actual dirección de la caja, encabezada por el abogado José María Mas Millet, presidente de la entidad. La reducción en el último momento de seis a cinco los meses de tiempo de que disponen las entidades para hacer el proceso impedirá al actual consejo de administración culminar un largo y meticuloso trabajo.

Pese a que Bancaja tiene practicamente finalizado el diseño de su transformación en fundación, los tiempos marcados para reunir al consejo que convocaría la asamblea para aprobar la disolución de la caja y la creación de la fundación, prevista para mediados de diciembre, quedan fuera del margen de cinco meses.

De hecho, la reforma que tramita el Parlamento especifica que ese plazo de tiempo afecta también "a las cajas de ahorros que hayan iniciado el proceso". Esto supone que el 27 de noviembre, cuando se cumplen cinco meses desde que Bankia fue nacionalizada, se agotará el tiempo y Bancaja y todos sus órganos de gobierno se disolverán automáticamente, cesando todos sus miembros.

El inesperado recorte del plazo de tiempo disponible causó un fuerte malestar en Bancaja. Según las fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com, la cúpula de la entidad estuvo valorando la posibilidad de acelerar todo el proceso para concluirlo antes de la fecha límite. Esta opción quedó descartartada al constatar que no hay tiempo material para concluir todo el proceso con las garantías necesarias. 

Bancaja era una de las pocas cajas de ahorros españolas, si no la única, que había desarrollado los trámites para convertirse en fundación pese a que la legislación vigente no marcaba un plazo para hacerlo. El consejo de administración llegó a aprobar a finales de agosto los estatutos de la futura entidad e incluso ya estaba definido un primer patronato a la espera de identificar los cinco puestos correspondientes a la Generalitat. Asimismo, la actual dirección de Bancaja ya tenía establecida la estrategia fiscal y jurídica de la futura fundación con intención de cerrar todo el proceso a final del año.

La introducción de un plazo de seis meses, a través de una enmienda presentrada por el Grupo Popular, no afectaba al calendario previsto por la caja, que esperaba celebrar la asamblea de disolución a mediados de diciembre. Sin embargo el cambio de última hora reduciendo el plazo a cinco meses, otra enmienda también presentada por el Grupo Popular sin haber sido motivada expresamente, supone un golpe para los planes de la entidad.

Las fuentes internas consultadas por este periódico coincidían en lamentar que un cambio considerado como arbitrario paralice el trabajo ya hecho y puesto en marcha por iniciativa propia. De hecho, ese fue el objetivo de Mas Millet cuando asumió la presidencia pese a que algunos consejeros lo consideraron precipitado ya que no existían plazos marcados.

Según recoge la reforma del Real Decreto, tras la disolución automática de la caja, la responsabilidad de la puesta en marcha de la fundación de carácter especial queda en manos de los Gobiernos autonómicos. En el caso valenciano será el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) el responsable de retomar el proceso.

El IVF deberá nombrar a un protectorado que tendrá la condición de comisión gestora de la fundación de caracter especial con autorización para adoptar los acuerdos necesarios para su puesta en marcha. Bancaja confía en que el organismo, dependiente de la Consellería de Economía que dirige Máximo Buch, asuma el trabajo ya realizado y realizado con aprobación de la Generalitat, y no dilate en el tiempo la puesta en marcha de la fundación.