VALENCIA. La inmensa mayoría de las cajas de ahorros españolas tienen los días contados. La reforma del Real Decreto sobre el régimen jurídico de estas entidades que se tramita actualmente en el Parlamento supondrá la disolución automática e inminente de la mayoría de las cajas una vez entre en vigor.
El nuevo texto, que está ahora en el Senado, ha establecido un plazo de cinco meses para que las cajas que no tengan una posición de control superior al 25% en una entidad financiera se transformen en fundaciones de carácter especial por iniciativa propia. Un límite que, de superarse, representará su disolución automática, el cese de todos sus órganos directivos y el nombramiento de un protectorado encargado de realizar la transformación.
La clave de la reforma de este Real Decreto es que los cinco meses, uno menos de los que se había planteado inicialmente en el trámite parlamentario, ya están corriendo. Así lo fija una disposición transitoria novena al decreto que establece con claridad el carácter retroactivo de norma: Las cajas que incurran en causa legal de transformación en fundación en el momento de entrar en vigor la ley "contarán de lo que les reste de los cinco meses (...) a contar desde que hubiesen incurrido en dicha causa". Si ese plazo ya ha transcurrido "quedarán automáticamente transformadas con disolución de todos sus órganos y baja en el registro especial de entidades de crédito del Banco de España".
Esta disolución forzada, que impide de hecho que sea la propia entidad la que controle el proceso de transformación en fundación, "se aplicará igualmente a las cajas de ahorros que hayan iniciado el proceso", es decir, aunque la transformación esté en macha ésta pasará a otras manos para su ejecución, con toda probabilidad la de los gobiernos autonómicos donde se hallen.
El texto enmendado fue publicado este viernes (puente de Todos los Santos) en el Diario Oficial del Senado, donde ahora debe ser rartificado. Las fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com apuntan a que la entrada en vigor de la nueva normativa llegue en pocos días, lo que deja prácticamente sin margen de maniobra a la gran mayoría de entidades que no tendrían tiempo real conforme a sus estatutos para aprobar la transformación en los consejos de administración y, posteriormente y con el margen obligado, convocar sus asambleas.
La disolución obligatoria afectará tanto a las cajas que han perdido su negocio por la intervención del Banco de España, como es el caso de las que formaban Bankia o la CAM, sino también a las que han visto diluida casi en totalidad su participación por la capitalización por el FROB (como Catalunya Caixa o Nova Caixa Galicia) y a las que participen en fusiones pero tengan una participación inferior al 25% del capital.
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