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VALENCIA (EP). El exalcalde de Alicante y diputado en las Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, se ha negado a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde se instruye la pieza separada del 'caso Brugal', relativa a presuntas irregularidades en torno al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). En este procedimiento también está imputada la actual alcalde de la ciudad y diputada, Sonia Castedo, quien ya declaró por estos hechos la pasada semana.

Alperi ha acudido al tribunal valenciano sobre las 9.45 horas, es decir, unos 15 minutos antes de su citación. Iba acompañado de su abogado, Vicente Grima, y tanto a su llegada como a su salida -una hora después- ha declinado hacer ningún tipo de declaración a los periodistas que le esperaban. Tan solo ha dicho, preguntado por si había declarado: "evidentemente no".

La declaración del exalcade se fijó inicialmente para el día 19 de octubre, pero tuvo que ser aplazada ante el extenso interrogatorio que se llevó a cabo a su sucesora, Sonia Castedo, quien le precedía en la citación. Alperi -al igual que Castedo- está acusado de los delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Este lunes, Alperi se ha acogido a su derecho a no declarar por los hechos imputados. Según han informado fuentes conocedoras, el exprimer edil está esperando a que la Sala del TSJCV se pronuncie sobre el recurso que interpuso contra la decisión del magistrado instructor de la causa, Juan Climent, de mantenerle imputado en la causa.

Inicialmente, Alperi recurrió ante Climent su citación en calidad de imputado en este procedimiento, y el magistrado rechazó su alegación al considerar que no estaba vulnerado su derecho de defensa por la falta de concreción de los hechos -tal y como alegaba- y, asimismo, negaba que se hubiera vulnerado el derecho del exalcalde a la tutela judicial efectiva.

Esta decisión fue recurrida posteriormente por el letrado de Alperi ante la Sala, y las partes del procedimiento tuvieron hasta el pasado viernes para pronunciarse al respecto. Así, el tribunal todavía no ha podido resolver sobre este asunto. No obstante, este hecho no le impedía prestar hoy declaración.

ENCUENTROS Y CONVERSACIONES CON ORTIZ

El fiscal Anticorrupción de la causa, Felipe Briones, acusa al exalcalde de encuentros y conversaciones con el empresario Enrique Ortiz -también imputado- en relación al PGOU, y también hace mención a la obtención de regalos a cambio de proporcionar información.

Así, el ministerio público cita un encuentro el 10 de julio de 2008, en el que, al parecer, el exalcalde proporcionó el plano de este proyecto al promotor. Asimismo, el sumario recoge que varias conversaciones que supuestamente implicarían a Alperi en la trama. Así, en una de ellas, del 28 de julio de 2008, entre exedil y la mujer de Ortiz, se habla de unos planos, que Alperi dice que necesita "antes de las doce" de ese día, y que la mujer acuerda entregarle en casa.

Horas después se interceptó otra comunicación entre Ortiz y Díaz Alperi -cuando éste se encontraba en el despacho de Jesús Quesada-, en la que el empresario se interesaba por conocer si Alperi ya había recogido el plano que tenía que darle.

Asimismo, existe otra conversación mantenida por ambos el 20 de septiembre de 2009, en la que el exalcalde pedía explicaciones al empresario por no haber atendido a sus llamadas telefónicas, y dialogaban sobre las prevenciones que debían de adoptar para comunicarse telefónicamente.

En esta llamada, Alperi le indicaba que con quien tenía que hablar para resolver el "problema" era con él y con los socios de Salvetti Abogados, refiriéndose al proyecto denominado de la Ciudad de la Economía, cuya gestión se mantuvo hasta el último momento en que devino en inviable a consecuencia de la protección medioambiental.

Por otro lado, el fiscal Anticorrupción mantiene en su escrito de acusación de que Ortiz podría abonado "determinadas viviendas" a los hijos de Alperi, y que le habría pagado un viaje en jet privado a Creta.

Asimismo, el informe de la Policía recoge el regalo por parte de Inusa -empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras en Alicante y de la que es propietario Ortiz- de una caja con cuatro botellas de Dom Pérignon al exalcalde, como se acostumbraba a regalarle "todos los años".