MADRID (VP/EFE). El inicio del curso político se prevé duro para el Gobierno, que se enfrenta a uno de sus retos más difíciles desde que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa, el de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
El "sudoku" presupuestario -como lo llamó en 2007 el entonces ministro de Economía Pedro Solbes- se prevé más complicado que nunca, en un momento en el que el Partido Socialista carece de apoyos parlamentarios y sufrirá para conseguir el beneplácito a unas cuentas en las que hay que seguir recortando el gasto para cumplir con los objetivos de déficit.
El Gobierno promete, como siempre, negociar con todas las fuerzas políticas y buscar el mayor consenso, y ha reconocido que ya está hablando con el PNV, el mismo partido que, junto con Coalición Canaria, le permitió aprobar los presupuestos de este año.
Pero no parece que vaya a encontrar muchos aliados más: el PP ejercerá su papel opositor al máximo, CiU ya ha prometido que no apoyará las cuentas sean como sean -además las elecciones catalanas están cerca- y las fuerzas de izquierda siguen muy descontentas con el giro que el Gobierno ha dado en su política económica con los recortes y la reforma laboral.
El Ejecutivo presentará a finales de septiembre estos presupuestos que aún se están terminando de perfilar, y para los que ha prometido un recorte del 16% en el gasto de los ministerios.
Lo que sigue siendo una incógnita es si finalmente Rodríguez Zapatero cumplirá con su intención de subir los impuestos a los que más tienen, porque la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ya admitió hace unos días que un alza del IRPF a las rentas más altas no tendría mucho impacto recaudatorio.
Antes del debate presupuestario, el inicio del periodo de sesiones en el Congreso vivirá la aprobación definitiva de la reforma del mercado de trabajo, que facilita el despido y pone un mayor control sobre los desempleados.
Una reforma que ha llevado a los sindicatos a convocar, para el 29 de septiembre, la primera huelga general contra el Ejecutivo de Zapatero. Pero con la reforma no se acaban las medidas sobre empleo, y el Gobierno pretende este otoño abordar un talón de aquiles en esta materia, el de las políticas activas.
Por eso ha anunciado una reforma profunda de los servicios públicos de empleo y de los instrumentos para facilitar la colocación, tan necesarios en un país con más de cuatro millones de desempleados.
Hay otra gran reforma que también se esperaba para el inicio del curso político, la del sistema de pensiones, y el Ejecutivo desea llevar al Congreso el proyecto de ley antes de que acabe el año, aunque puede que se demore porque ha prometido esperar a que la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo presente su informe al respecto.
Así lo aseguró la pasada semana Elena Salgado, tras la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que de forma extraordinaria presidió Zapatero.
Pocas novedades salieron de aquel encuentro en el que el presidente del Gobierno reunió a sus ministros del área económica y tras la cual Salgado enumeró los retos del Ejecutivo en los próximos meses.
Sí recordó la ministra otra importante asignatura pendiente para el Gobierno: la energética.
Aunque según Salgado hay mucho camino andado ya, quedan otros compromisos, y en este sentido anunció que septiembre verá el inicio de la emisión de deuda para financiar el déficit de tarifa eléctrico (diferencia entre los costes regulados del sistema eléctrico y los ingresos que se obtienen por el recibo de la luz), un lastre del sistema que hay que solucionar cuanto antes.
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