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VALENCIA (VP/EP). La nueva Corporación Pública Empresarial Valenciana abonará 6.000 euros al año a la Abogacía General de la Generalitat para que le preste asistencia jurídica. En concreto, le ofrecerá asesoramiento en derecho y le representará y defenderá en juicio por medio de los abogados del Consell o funcionarios habilitados por la abogada general.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este miércoles el convenio firmado el pasado día 18 entre el vicepresidente del Consell, José Císcar, y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Pública Empresarial Valenciana, Bruno Broseta.

En función de este acuerdo, la Abogacía General de la Generalitat prestará a la Corporación Pública Empresarial Valenciana asistencia jurídica. No obstante, la Corporación se reserva la facultad de ser asesorada, representada y defendida por abogado, y en su caso, procurador especialmente designados al efecto.

Todos los órganos de la Corporación Pública Empresarial Valenciana deberán prestar la colaboración precisa para la realización de las funciones de asistencia jurídica requeridas, "con la celeridad exigida en cada momento". Para ello, la entidad designará a un representante de la misma que asumirá las funciones de coordinación y relación con los abogados coordinadores.

VIGENCIA

La vigencia de este convenio finalizará el 31 de diciembre de este año, aunque si no hay denuncia expresa de cualquiera de las partes comunicada con una antelación de tres meses a su finalización inicial o a la de cada una de las prórrogas, se entenderá prorrogado tácitamente por años naturales finalizando cada una de las prórrogas el 31 de diciembre del año correspondiente.

Como compensación al servicio de asistencia jurídica al que se refiere el convenio, la Corporación Pública Empresarial Valenciana satisfará a la Abogacía General la cantidad de 6.000 euros anuales, que se pagarán a cuatrimestres vencidos en los cinco primeros días naturales de los meses de mayo, septiembre y enero de cada ano, y será actualizada anualmente a partir del primer periodo dé vigencia del convenio, de acuerdo con la variación del IPC.

Según consta en el convenio, en los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán dos reglas. Cuando el condenado en costas sea la Corporación Pública Empresarial Valenciana, corresponderá a ésta el abono de las causadas a la parte contraria, mientras que si la condenada en costas es la parte contraria, el importe de las causadas a la corporación se ingresará a favor de la Abogacía General de la Generalitat.