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VALENCIA. El conseller de Economía, Máximo Buch, ha cifrado en 28 las entidades integradas hasta ahora en el sector público empresarial que serán eliminadas este año, dejando la liquidación de las otras 19 para el primer trimestre de 2013. Este retraso se debe a los requisitos legales que presentan y que han obligado a prolongar más de lo previsto el proceso de liquidación.

Concretamente, las entidades que serán eliminadas antes de que temine el año serán 18 fundaciones, una sociedad mercatil y nueve entidades de derecho público. En todo caso, para abril de 2013 se espera haber concluído el proceso, reduciendo de 76 a 24 (más cinco empresas participadas) las entidades que integran el sector público empresarial.

Para ordenar este proceso, el Pleno del Consell a aprobado en su sesión de este viernes el Decreto Ley de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Servicio Público Empresarial y Fundacional. En él se establece el soporte jurídico a la reestructuración que el conseller Buch ha asegurado que no significará una perdida de derechos ni de obligaciones de los proveedores y acreedores (de crédito y de servicios) que actualmente tienen las empresas a eliminar.

REEVALUACIÓN DEL PERSONAL INDEFINIDO

Buch ha destacado que el personal fijo de las sociedades liquidadas se integrará en la Generalitat Valenciana y sus funciones serán asumidas por las entidades que hereden sus funciones. Sin embargo, se prescindirá del personal indefinido, que será reevaluado en el caso de que se puedan reincorporar a la Administración, teniendo en cuenta su experiencia previa en el puesto.

Sobre el costes de los despidos, el conseller Buch lo ha cifrado entre 70 y 90 millones de euros, el equivalente al coste de la plantilla reducida en un año. En porcentaje, el recorte afecta al 40% del personal con el que contaba el sector público empresarial a 1 de enero de 2012, cifrado en 7.555 empleados y que quedará reducido a 3.022 trabajadores.  

La nueva estructura reduce de 20 a 10 las entidades de derecho público (como lo son Ferrocarrils de la Generalitat, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial o el Instituto Valenciano de Servicios Sociales); de 26 a 11 las sociedades mercantiles (como lo son CACSA, Vaersa, Ciudad de la luz o Aeropuerto de Castellón); de 30 a ocho fundaciones, dejando las centradas en temas relacionados con sanidad y bienestar social o con innovación, competitividad e investigación; y de siete a cinco sociedades participadas.  

LAS ENTIDADES SUPERVIVIENTES

Esta nueva estructura sólo deja ocho entidades que ya existían con anterioridad a la remodelación. Este es el caso de la Sociedad Proyectos Temáticos, (que integra a Ciudad de la Luz y al Aeropuerto de Castellón) cuya supervivencia es temporal y se debe a la carga de la deuda que arrastra, para la que se requerirá más tiempo del previsto para su eliminación.

Por contra, el Instituto Valenciana de Finanzas (IVF) pasará de depender exclusivamente de la Conselleria de Economía a desarrollar una actividad transversal entre varias conselleria, como Agricultura o Turismo. El motivo alegado es la función que se le quiere atribuir de banco de emprendedores, que pueden ser de distintos sectores económicos.

En otros casos, se ha valorado que su actividad debía mantenerse al ejecutar de forma correcta un servicio público de obligada prestación. Ese es el caso de Favide, que presta servicio gratuito de asistencia legal a víctimas de delitos; o la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, dedicada a temas de educación.

Caso distinto es el del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que se mantiene alegando que las donaciones temporales o definitivas de muchas de las colecciones que acoge se han hecho específicamente con este instituto y su eliminación obligaría a la renegociación de los acuerdos, con riesgo de que algunos no se renovaran.

La autofinanciación por medio de fondos europeos o de procedencia distinta a la Generalitat de otras de las entidades, como la Fundación Agroalimed o la del Misteri d'Elx, también les ha permitido seguir adelante al no repercutir en las cuentas de la Administración valenciana en el capitulo de gasto.

VENTAS, EXTERNALIZACIONES Y PRIVATIZACIONES

El impacto económico de este cambio se ha cifrado en una reducción de unos 1.000 millones de euros en el presupuesto de 2012, repartido en 775 millones para el sector público empresarial (un 80% del recorte y un rebaja del 30% sobre su presupuesto en 2011) y el resto repartido en el conjunto de la Administración. Esta cantidad se espera alcanzar con una reducción de personal de entre un 40% y un 50%, con una bajada de 85 a 100 millones de euros.

Por otra parte, la aplicación del Plan Estratégico de Reestructuración espera ahorra entre 12 y 15 millones de euros por la sinergias de integración y entre 160 y 200 millones por medio de la optimización y la eficiencia de la gestión, reduciendo las necesidades de cash flow operativo.

Broseta han destacado que será fundamental en este proceso la intensificación de la colaboración pública y privada por medio de la venta de activos, externalización de la gestión y la privatización de determinados servicios.