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VALENCIA (VP/EP). El exsíndic del PP en las Corts y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha defendido ante la magistrada Pía Calderón, instructora del conocido como 'caso Cooperación', que los expedientes firmados con ONGs eran "legales" y fueron revisados por "por todas las instancias", según ha podido saber Europa Press de la declaración del diputado, que aún continúa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha negado tener ningún tipo de apodo al ser preguntado por esta cuestión, ya que, según recoge un informe policial, personas imputadas en la causa le llamaban 'Roger Rabbit', 'Conill' o 'Conejo'.

Blasco, -a quien se le atribuyen los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental- ha acudido a prestar declaración al tribunal valenciano sobre las 8.15 horas, pese a estar citado a las 10.00 horas.

El exconseller, representado por el letrado Javier Boix, ha comenzado el interrogatorio respondiendo a las preguntas de la magistrada, y luego ha hecho lo mismo con el ministerio fiscal. Solo con estas dos partes, Blasco ha estado declarando toda la mañana. Esta tarde se ha retomado el interrogatorio y a las 18.30 horas todavía estaba prestando declaración en el tribunal.

Blasco ha defendido a lo largo de su declaración la "legalidad" de los expedientes firmados con las diferentes ONGs con las que trabajó cuando era titular de la conselleria, tales como Fundación Cyes, Asade, Asamanu, Ceiba, Esperanza sin Fronteras o Fudersa.

Según ha explicado, en su etapa de conseller, y de acuerdo con los gastos que se le adjudicaban en el departamento, otorgó diversos expendientes a ONGs "dentro de la ley". Así, ha asegurado que no todos tenían por qué sacarse a concurso, si no que se podían adjudicar directamente.

Al respecto, el exconseller también ha mantenido que todos los expedientes adjudicados durante su mandato "fueron revisados por todas las instituciones", y ha puesto como ejemplo que los firmados con la Fundación Cyes fueron llevados a las Corts y a la Sindicatura de Comptes.

De esta manera, Blasco ha reiterado que para las adjudicaciones y la tramitación de los expedientes, "se seguían los procedimientos establecidos en la ley", sin que él conociera que existiera ningún tipo de irregularidad.

Por todo, Blasco ha defendido que él no tiene ningún tipo de conocimiento de que se desviaran fondos destinados a las ONGs, y ha dicho que en ningún momento dudó ni de la legalidad de las fundaciones, ni de los expedientes elaborados.

CON TAURONI

El exconseller ha afirmado, preguntado por la relación que mantenía con el empresario Augusto César Tauroni, el único en prisión en este procedimiento, que era la "propia" de un conseller con un adjudicatario, sin extenderse mucho más en la respuesta.

Al respecto, el sumario del caso recoge la transcripción de algunas conversaciones telefónicas entre Blasco y Tauroni durante los meses de mayo de 2011 a febrero de 2012. En una de ellas, el 8 de junio de 2011, Blasco le dice al empresario que esté "tranquilo", que va a salir todo "muy bien" y le indicaba que iba a acabar con él de alcalde de Nueva York.

Asimismo, en otra conversación intervenida, el empresario se dirigía a Blasco para pedirle que cuando tuviera un momento, le llevara una 'coca-cola'; y en otra más, el entonces conseller le trasladaba que lo que quería es que estuviera "muy animado y bien".

Por otro lado, a Blasco se le ha preguntado textualmente si sabe si tenía algún tipo de apodo, a lo que ha respondido que no: "no, yo no tenía ningún apodo", ha mantenido. En el sumario recoge que algunos imputados le llamaban 'Roger Rabbit', 'Conill' o 'Conejo'.

En un apartado del sumario, se indica que en la documentación intervenida en casa de Tauroni, se encontraron anotaciones manuscritas que vinculaban iniciales a determinadas cantidades. Así, figuran las iniciales 'RR', 'MLL' o 'YO'. En la correspondiente a 'RR' --tal vez Roger Rabbit-- había al lado dos cantidades por importes de 5.000 euros y de 7.500 euros.