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VALENCIA. La Generalitat valenciana ha iniciado el proceso de saneamiento de las entidades del sector público empresarial para acometer el proceso de fusiones y la liquidación de dos tercios de las mercantiles, entidades de derecho público y fundaciones que la componen.
Aunque cada entidad está teniendo sus peculiaridades, fuentes de la Generalitat han explicado que la puesta a punto de las cuentas se ha realizado por medio de la capitalización de estas sociedades. Concretamente, la Administración valenciana ha satisfecho las deudas con los proveedores comerciales con el plan de pagos del Estado y ha asumido una cantidad equivalente para convertirla en capital de las entidades.
A continuación, se ha realizado una operación acordeón con la que el nuevo capital se ha destinado a cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores hasta poner las cuentas al día. Esta práctica de ingeniería contable no ha significado un incremento del déficit público, ya que la situación de las empresas públicas ya se contabilizaba a estos efectos, ni de la deuda, que figuraba como consolidada.
El objetivo de la medida es capitalizar las empresas públicas sin que se tenga que aportar dinero público a su saneamiento, contando con el visto bueno del equipo económico y contable de la Generalitat. La capitalización por esos medios se ha podido aplicar en las empresas públicas, pero no en las fundaciones, sometidas a otras condiciones legales.
NUEVO ORDEN EMPRESARIAL PÚBLICO
En otros casos, se ha optado por la compensación de activos, que han pasado de ser propiedad de las entidades a serlo de la Generalitat, lo que ha posibilitado reducir el pasivo. "La medida ha permitido mejorar la situación de buena parte de las compañías sin inyección de fondos", ha señalado Bruno Broseta, secretario autonómico del Sector Público Empresarial en la jornada "La racionalización del sector público en la Comunidad Valenciana: retos y oportunidades", organizada por APD Zona Levante, en colaboración con Everis y Garrigues.
De este modo, se ha podido inyectar un montante de 1.120 millones de euros y asumir una deuda de estas entidades por valor de 3.400 millones de euros. Así se quiere facilitar la ordenación del tejido empresarial público autonómico, pasando de las actuales 76 entidades a 24 (manteniendo una participación minoritaria en cinco sociedades más) a 1 de enero de 2013.
La nueva estructura reduce de 20 a 10 las entidades de derecho público (como lo son Ferrocarrils de la Generalitat, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial o el Instituto Valenciano de Servicios Sociales); de 26 a 11 las sociedades mercantiles (como lo son CACSA, Vaersa, Ciudad de la luz o Aeropuerto de Castellón); de 30 a ocho fundaciones, dejando las centradas temas relacionados con sanidad y bienestar social o relacionadas con innovación, competitividad e investigación; y de siete a cinco sociedades participadas.
VENTAS, EXTERNALIZACIONES Y PRIVATIZACIONES
El impacto económico de este cambio se ha cifrado en una reducción de unos 1.000 millones de euros en el presupuesto de 2012, repartido en 775 millones para el sector público empresarial (un 80% del recorte y un rebaja del 30% sobre su presupuesto en 2011) y el resto repartido en el conjunto de la Administración. Esta cantidad se espera alcanzar con una reducción de personal de entre un 40% y un 50%, con una bajada de 85 a 100 millones de euros.
Por otra parte, la aplicación del Plan Estratégico de Reestructuración espera ahorra entre 12 y 15 millones de euros por la sinergias de integración y entre 160 y 200 millones por medio de la optimización y la eficiencia de la gestión, reduciendo las necesidades de cash flow operativo.
Broseta han destacado que será fundamental en este proceso la intensificación de la colaboración pública y privada por medio de la venta de activos, externalización de la gestión y la privatización de determinados servicios.
A LA ESPERA DEL NUEVO DECRETO LEY DE REESTRUCTURACIÓN
La Generalitat ha planteado la remodelación desde tres ejes: uno económico presupuestario, otro normativo y un tercero de reestructuración. En el económico presupuestario se incluye la reducción de costes; la extinción de entidades, básicamente fundaciones; el control trimestral del cumplimiento de los objetivos; y la rebaja de las retribuciones por medio de limitación y homogeneización de los sueldos del personal directivo.
En el apartado normativo, se incluye el establecimiento de mecanismos de unificación del control económico financiero y el cambio de la cultura de gestión, el control financiero previo y permanente, la auditoría interna y la gestión de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Respecto a la reestructuración, su ejecución se concretará con la aprobación antes de que acabe el mes de octubre del Decreto Ley de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Servicio Público Empresarial y Fundacional, el redimensionamiento de las entidades, la ejecución del plan de integración, la definición de la tipología de operaciones jurídicas de integración y la ejecución de los aspectos laborales, fiscales y patrimoniales del ajuste.
El paso siguiente será la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat para 2013 en función de la nueva ordenación. "Esta será la reforma más sustancial de la Administración valenciana en los últimos 30 años", ha concluido Broseta.
NO SÓLO AUSTERIDAD
Actualmente, la Comunitat Valenciana es la sexta autonomía española en número de entes públicos. Concretamente, 152 (que quedan en 76 al descontar las universidades y otras entidades que no son empresas públicas o entidades de derecho público) frente a las 157 de Galicia, las 170 de Madrid, las 173 de Baleares, las 372 de Andalucía o las 447 de Cataluña.
Antes del inicio del proceso de reestructuración valenciano, iniciado en el verano de 2011, sumaban 7.555 trabajadores con unos gastos de personal de 242 millones de euros. Su presupuesto total era de 2.559 millones con unos ingresos propios de 942 millones y un endeudamiento de 7.827 millones.
"Las políticas de austeridad y eficiencia es importante, pero limitado", ha reconocido Broseta. "Es necesario racionalizar y reestructurar, pero ha resultado un proceso complejo, que requiere tiempo y estrategia para no afectar a servicios públicos esenciales".
El 5 de cotubre decía este diario que en el consell del viernes se remodelaban las empresas públicas, ahora dicen que en el de mañana 19 y acabaremos el año sin que hagan nada de nada. Hemos perdido todo el año 2012 en decir que se iba a remodelar el sector público empresarial, pero que yo sepa en Canal 9 siguen los mismos que había y los 5.000 empleados de empresas pública que se iban a suprimir siguen cobrando, de forma que les hemos pagado todo el 2012 y ahora nos costarán sus indemnizaciones como si trabajaran todo el 2013 y además pasarán al paro y seguirán cobrando con mayor o menor fortuna todo el 2014 y 2015, de forma que no me extraña que el fin de la crisis se prevea para el 2020 o después porque no nos quitamos la faena de las manos, vamos que somos unos inútiles gestionando el presupuesto público.
Cuando dice que "la Administración valenciana ha satisfecho las deudas con los proveedores comerciales con el plan de pagos del Estado" entiendo que los bancos han pagado con el dinero que los alemanes prestan al Estado las facturas en los cajones de las empresas públicas valencianas. Donde dice que la Administración valenciana " ha asumido una cantidad equivalente para convertirla en capital de las entidades" entiendo que la Generalitat ha asumido como propia la deuda por el dinero que han adelantado los bancos con sus intereses, con el aval del Estado Español. Y cuando dice que "A continuación, se ha realizado una operación acordeón con la que el nuevo capital se ha destinado a cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores hasta poner las cuentas al día" entiendo que acto seguido la Generalitat ha perdonado a estas empresas la deuda que como consecuencia de lo anterior mantienen con ella. Y ahora toca fusiones,recolocaciones de directivos, trabajadores a la calle y otra vez a empezar. ¿Alguien puede confirmarme todo esto?
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