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MADRID (VP/EP). El comercio ha perdido algo más de 6.000 afiliados en el último año y cerca de 40.000 en los dos últimos ejercicios a causa de la crisis, según advirtió ayer la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que urgió a la Administración a articular medidas que permitan una "reestructuración ordenada" del sector.

"Aunque en los últimos cuatro meses parece que (el sector) se mantiene, el crecimiento es tan leve -77 altas más que bajas en el último mes de julio- que la adopción de medidas resulta urgente y cada vez más necesaria", remarcó la organización.

A su juicio, las administraciones central y autonómica deben apostar por facilitar el acceso al crédito, fomentar la modernización de los negocios comerciales y promocionar el relevo generacional a través de medidas que permitan la jubilación anticipada de los comerciantes de mayor edad y la incorporación de los jóvenes a la actividad comercial.

"La situación del comercio representa un verdadero drama y la peor amenaza para la economía española", según el secretario ejecutivo de Política Sectorial de UPTA, César García, quien señala que el cierre de un comercio "es definitivo, al menos para la familia propietaria y para sus trabajadores".

Para el secretario general de la asociación, Sebastián Reyna, la evolución del empleo en el país depende de este sector, "que no se busque en otros ámbitos".

Por este motivo, UPTA volvió a pedir al Gobierno que considere la aprobación de un 'Plan Especial de Urgencia para el Comercio Familiar', que la organización presentó hace más de un año en la Mesa del Trabajo Autónomo, con un contenido "específicamente fiscal y social".

Uno de los puntos más importantes del plan elaborado por UPTA es que se establezca una medida general de crédito fiscal o pago aplazado de impuestos para todos los comercios cuya titularidad corresponda a una persona física o a una sociedad que no tenga más de dos trabajadores y 500 metros de superficie comercial y que no forme parte de una cadena o grupo.

La organización, que reconoce que el sector del comercio minorista sufre un "claro efecto de exceso de oferta" proveniente de la política tolerante de aperturas de los últimos años, propone además medidas que permitan un "abandono suave" de la actividad, al tiempo que se promueva la sucesión de los negocios entre familiares o terceros interesados.