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VALENCIA (EP).  CCOO PV y UGT-PV acudirán a los tribunales para lograr la retirada de la Ley de Participación y Colaboración Institucional "impuesta" por el Gobierno valenciano y que recoge, entre otras cuestiones, que las organizaciones sindicales y empresariales deberán acreditar la inserción laboral real de quienes participen en sus actividades de formación para obtener el 70 por ciento de los fondos que les transfiere la Generalitat, el 30 por ciento restante es un fijo en función de su representatividad y participación institucional.

Así lo han avanzado este lunes en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO PV, Paco Molina, y de UGT-PV, Conrado Hernández, quien ha indicado que el anteproyecto de ley aprobado en el último pleno del Consell constituye un "grave incumplimiento" de lo acordado en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace II), en lo relativo a que esa norma "debería ser consensuada y acordada" con los agentes económicos y sociales.

Hernández acusa al Consell de pretender difundir que la labor que realizan en materia de formación "tiene poca transparencia", a lo que ha agregado que le gustaría que el Gobierno valenciano "fuera tan responsable y socialmente comprometido" como estas organizaciones, así como de querer "engañar" y "marear" a la sociedad al hablar de "nuevo sistema de ayudas" pese a que los sindicatos no reciben "ningún tipo de ayuda directamente de la administración", salvo las que marca la ley según los resultados de las elecciones sindicales.

En este sentido, ha recalcado que el resto de cuestiones que realizan en el marco del Pavace II "son contratos programa, con carácter finalista, que están auditados por auditores internos y externos y perfectamente clarificados" y que, en materia de formación, "en ningún caso es subvención, son contratos programa".

Paco Molina ha aclarado que las cuantías a las que se refiere como "subvenciones" el Gobierno valenciano, son en realidad "cuotas de empresas y de trabajadores en activo" para formación que "recauda el Estado y después, se distribuyen a las comunidades autónomas". "No son recursos del Consell" y "tienen, hoy por hoy, la finalidad de formar y no tienen nada que ver con la inserción", ha subrayado.

"DÓNDE ESTÁN ESOS 48,8 MILLONES" TRANSFERIDOS POR EL ESTADO

Según Molina, sindicatos y patronal suman un total de 12,2 millones de euros gestionados, por lo que ha pedido al Consell, al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la titular de Empleo, María José Català, que "den respuesta" acerca de los 48,8 millones restantes que transfirió el Estado en este ámbito. "Queremos que nos digan dónde están y en qué los han empleado", insiste.

El líder de UGT-PV sostiene que sindicatos y patronal son quienes "mejor y con más calidad" forman a los trabajadores en activo o desempleados y ha instado al Consell a que "si lo que quiere es recortar el dinero que hay para la formación, que lo digan, pero que no digan que quieren plantear un sistema de incentivos".

"Hay trampa", alerta Hernández, quien considera "evidente que lo único que están buscando es reducir las aportaciones para la formación" e "intentar apartar" a los agentes económicos y sociales. Es más, ironiza con el carácter "pionero" de esa medida y lo achaca a que "ningún otro gobierno autonómico quiere ser tan chapuzas a la hora de plantear una situación que es irreal, que no está cerca de lo que necesitan los trabajadores y que sólo busca esconder su incompetencia y su falta de rigor en la gestión del dinero público".

Así, exige la "retirada" de esa norma y que, de no ser así, "se sienten a abordarlo" con sindicatos y patronal al considerar que "es una ley que tiene que tener consenso y no se puede imponer", en cuyo caso recurrirán a las herramientas de que disponen para oponerse.

"PREPARANDO EL TERRENO PARA QUE IRRUMPAN LOS AMIGOS"

El secretario general de CCOO PV también ha valorado la labor realizada por los agentes económicos y sociales de la Comunitat en materia de formación y se ha preguntado si la medida adoptada ahora se debe a que, "en esa deriva absolutamente autoritaria, antidemocrática y populista que lleva el Consell adelante, está preparando el terreno para que irrumpan en el negocio los amigos".

"Nosotros ni somos innovadores ni somos pioneros con lo que ha hecho el Consell, si en algo ha innovado el Consell y han sido pioneros ha sido en los pasos por el TSJCV y en adjudicar subvenciones sin contratos", ha espetado Molina, quien advierte al Gobierno valenciano de que no podrá concurrir a programas europeos "sin la participación de las organizaciones sindicales mayoritarias".