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VALENCIA. Tras las huelgas generales convocadas por los sindicatos y las críticas vertidas desde las patronales valencianas a las decisiones tomadas por el Gobierno central y a la gestión industrial de los últimos años, la Generalitat ha cambiado las reglas de juego en la financiación de los cursos de formación.
La gestión de estos servicios, encomendada históricamente por las Administraciones estatal y autonómica a los agentes sociales, ha sido una importante fuente de actividad para la mayor parte de ellos, pero el incumplimiento de sus pagos durante más de dos años ha hecho que las organizaciones levantaran la voz por haber estado adelantando de sus propio bolsillo el capital para la cobertura de los cursos.
Ante la necesidad de transformar el sistema de formación, la Generalitat ha decido establecer un nuevo método, recogido en el anteproyecto de Ley de Participación y Colaboración Institucional que ha encendido los ánimos de todos ellos. A partir de ahora no se repartirá el presupuesto entre las organizaciones en función de los proyectos que presenten, sino se les pagará en función del empleo que estos cursos generen, compitiendo entre ellas por los fondos.
CENTRIFUGAR LA CULPA DEL PARO
"Se puede dar formación, pero ni los sindicatos ni los empresarios podemos generar empleo si la coyuntura no mejora", sentenció una fuente patronal tras conocer la noticia. Aunque las organizaciones recibirán en función de su representatividad un 30% del presupuesto asignado, el otro 70% estará condicionado a los resultados, por lo que tendrán que costear de sus fondos los gasto y, si se mejora las cifras del paro, cobrarán un porcentaje.
"La generación de puestos de trabajo supera la capacidad de las organizaciones. Ya nos gustaría que estuviera en nuestras manos que se creara empleo", asegura un destacado líder sindical. Aunque las fuentes oficiales consultadas prefieren conocer el contenido exacto del anteproyecto de ley antes de emitir una opinión concluyente, los conocedores del borrador aseguran que se pretende centrifugar las culpas y presentar una excusa a los recortes en gastos de formación para el empleo.
A partir de lo expuesto por la consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, tras el Pleno del Consell, ninguna de las principales alegaciones al proyecto de ley que se le remitió en abril han sido atendidas y dejan negro sobre blanco la peor alternativa posible para los agentes sociales.
"Nada es casual", aseguran fuentes relacionadas con la negociación de la ley, que ponen en paralelo la actitud de las instituciones públicas hacia sindicatos y empresarios a la de los funcionarios. "Se ha favorecido el desprestigio de los colectivos para justificar en la coyuntura actual una medida que cae en la injusticia".
REDUCCIÓN DEL 15% EN LAS PARTIDAS DE FORMACIÓN
"La idea parece sugestiva y los empresarios estamos acostumbrados a los retos y a trabajar por objetivos, pero siempre y cuando sean unos objetivos razonables" y que se apliquen en igualdad a todos, aseguró el presidente de la patronal valenciana Cierval, José Vicente González, el pasado mes de marzo, tras los primeros contactos. "Si pagan a los del Servef por el empleo que generan, no cobran ni un mes", ironizó.
La consellera Català, ha explicado que las organizaciones sindicales y empresariales deberán acreditar la inserción laboral "real" de aquellas personas que participen en sus actividades de formación para recuperar parte de las ayudas recibidas. En este punto, ha agregado que se van a "reducir notablemente" la partida a estas entidades respecto a ejercicios anteriores.
Esta condición afecta al 15% de las subvenciones de cada curso integrado por un máximo de 15 personas. Así, ha explicado que la Conselleria ya ha establecido una minoración en la subvención del 15% de cada curso por la no inserción laboral de los beneficiarios de los mismos y se podrá recuperar a razón del uno% por cada uno de los miembros que obtengan un trabajo.
COMPETENCIA DE ENTIDADES
En este sentido, Catalá ha defendido el criterio de inserción laboral frente al de empleabilidad porque la inserción "se puede acreditar". Para ello, se exigirá un contrato laboral de un mínimo de 480 horas en un periodo máximo de seis meses. La intención es lograr un "cambio de cultura de las subvenciones hacia la cultura del incentivo".
Del mismo modo, las organizaciones deberán publicar en sus web el destino de las ayudas recibidas. En cuanto a la participación institucional, centra la intervención y representación de estas organizaciones en los órganos y entidades de la Generalitat con competencias en materia laboral, social, económica e industrial cuya actividad afecte a los intereses económicos y sociales de los trabajadores y del empresariado.
El proceso para acceder a las subvenciones será de libre concurrencia competitiva y podrá ser global para todas las organizaciones sindicales y empresariales cuando puedan acceder todas ellas a las subvenciones en igualdad de condiciones. Cuando estas condiciones de igualdad no puedan garantizarse la concurrencia será corporativa o representativa, ha agregado Catalá.
¿Y por qué se limita la concurrencia a las organizaciones sindicales y empresariales? A ver si nos cae otra multa como la de la Ciudad de la Luz.
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