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VALENCIA. El Pleno del Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales. Una norma que condiciona el 70% de los pagos de las subvenciones a las patronales y sindicatos a tramitarse "en régimen de concurrencia competitiva".

Esto significa que su adjudicación se hará en función de la empleabilidad de los beneficiarios de los cursos, además de la igualdad de género en el trabajo, conciliación de la vida familiar y labora, integración laboral y social de personas con discapacidad o inmigrantes, y otros factores que "enriquecen no sólo el ámbito laboral y empresarial, sino también el conjunto de la sociedad", según recoge un comunicado remitido desde la Generalitat.

Esta condicionalidad ha sido uno de los temas que más fricciones ha provocado con los agentes sociales en el proceso de elaboración de la norma, ya que los cursos de formación no son exactamente una subvención sino una encomienda de funciones que debería realizar la propia Generalitat.

IGUALDAD PARA TODAS LAS INSTITUCIONES 

"Si pagan a los del Servef por el empleo que generan, no cobran ni un mes". Así se manifestaba recientemente el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González. "La idea parece sugestiva y los empresarios estamos acostumbrados a los retos y a trabajar por objetivos, pero siempre y cuando sean unos objetivos razonables" y que se apliquen en igualdad a todos, también al Servef, a las escuelas de Formación Profesional o a las universidades.

Por contra, desde la patronal se exige "menos burocracia y mejor adaptación de los cursos a las necesidades de las empresas y los trabajadores". El patrón de patrones valenciano aseguraba en su día que las patronales estaban dispuestas a negociar todo lo que permita mejorar el actual sistema de formación porque "la formación es fundamental para incrementar la productividad y asegurar la productividad de las empresas".

Por su parte, la consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, ha explicado que las organizaciones sindicales y empresariales deberán acreditar la inserción laboral "real" de aquellas personas que participen en sus actividades de formación para recuperar parte de las ayudas recibidas. En este punto, ha agregado que se van a "reducir notablemente" la partida a estas entidades respecto a ejercicios anteriores.

Esta condición afecta al 15 por ciento de las subvenciones de cada curso integrado por un máximo de 15 personas. Así, ha explicado que la Conselleria ya ha establecido una minoración en la subvención del 15 por ciento de cada curso por la no inserción laboral de los beneficiarios de los mismos y se podrá recuperar a razón del uno por ciento por cada uno de los miembros que obtengan un trabajo.

Català se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de participación y colaboración institucional de los agentes económicos y sociales. En este sentido, ha defendido el criterio de inserción laboral frente al de empleabilidad porque la inserción "se puede acreditar". Para ello, se exigirá un contrato laboral de un mínimo de 480 horas en un periodo máximo de seis meses.

La consellera ha insistido en que con esta iniciativa se busca un "cambio de cultura de las subvenciones hacia la cultura del incentivo".

El nuevo texto legal prevé crear un único sistema de ayudas públicas a los agentes económicos y sociales para facilitarles el desarrollo de las funciones de participación previstas en el anteproyecto de ley.

TRANSPARENCIA SOBRE EL DESTINO DE LAS AYUDAS

Del mismo modo, se introduce un criterio de transparencia por el que las organizaciones deberán publicar en sus web el destino de las ayudas recibidas.

En cuanto a la participación institucional, centra la intervención y representación de estas organizaciones en los órganos y entidades de la Generalitat con competencias en materia laboral, social, económica e industrial cuya actividad afecte a los intereses económicos y sociales de los trabajadores y del empresariado.

Por lo que se refiere a la financiación se impulsa un nuevo sistema de ayudas por el que se les reconoce a las organizaciones sindicales y a las asociaciones empresariales el derecho a percibir una compensación económica por su participación institucional que se distribuirá entre las mismas en función de su representatividad, que se corresponde con un 30 por ciento de la de la aportación económica de la Generalitat.

Por otra parte, para el 70 por ciento restante, se establece un procedimiento de concesión de subvenciones ligado a la colaboración institucional que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva atendiendo a los siguientes criterios: empleabilidad; igualdad de género en el trabajo; conciliación de la vida familiar y laboral; integración laboral y social de personas con discapacidad o inmigrantes, y otros factores que enriquecen no solo el ámbito laboral y empresarial, sino también el conjunto de la sociedad.

De este 70 por ciento, la mayor parte de las ayudas están vinculados a los fondos finalistas del Gobierno central, ha apuntado la consellera.

El proceso para acceder a las subvenciones será de libre concurrencia competitiva y podrá ser global para todas las organizaciones sindicales y empresariales cuando puedan acceder todas ellas a las subvenciones en igualdad de condiciones. Cuando estas condiciones de igualdad no puedan garantizarse la concurrencia será corporativa o representativa, ha agregado.

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