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VALENCIA. No por esperada la noticia deja de tener resonancia: el TSJCV hizo pública este lunes la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la de su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho en el caso del PGOU de la ciudad.
Los dos dirigentes son además diputados autonómicos en Les Corts, con lo que ya son nueve imputados los que habitan en el grupo parlamentario 'popular' de la cámara valenciana. A Castedo y Díaz Alperi hay que unirles los seis diputados imputados en el llamado caso de financiación irregular del PPCV, algunos de ellos exaltos cargos en el Gobierno valenciano y en el partido.
En esta situación se encuentran el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla; la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez; la también exconsellera Angélica Such; el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa; el exvicesecretario del PPCV, David Serra, y la extesorera de la formación Yolanda García.
A esto hay que añadirle el juicio pendiente que tiene el exalcalde de Torrevieja y diputado, Pedro Hernández Mateo, que declarará el próximo 26 de octubre por la adjudicación de las basuras del municipio.
Los imputados dentro del grupo parlamentario 'popular' podrían elevarse a diez si finalmente el todavía portavoz, aunque sin funciones, Rafael Blasco, resulta imputado por la conocida como causa de 'cooperación', una cuestión que se está investigando en el TSJCV.
En cuanto a Castedo y Díaz Alperi, los estatutos del partido marcan que la imputación conlleva la apertura de un expediente informativo, una decisión que ya se ha hecho pública desde la formación 'popular'. No obstante, cabe recordar, que el acta de diputado es personal, por lo que continuarán en Les Corts si así lo desean, si bien la alcaldesa de Alicante apuntó su intención de renunciar al escaño meses atrás aunque, subrayó, continuaría al frente del consistorio aunque resultara imputada.
EL NÚMERO DE IMPUTADOS SE ELEVA A 18 PERSONAS EN EL CASO PGOU
El sumario de la ramificación del caso 'Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) imputaba inicialmente a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz y su mujer, que a cambio de dádivas habrían resultado favorecidos con dicha tramitación.
En la causa están imputados también el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores SL Javier Gutiérrez, además del arquitecto redactor del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada.
La práctica totalidad de ellos están imputados por un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y buena parte además lo están por tráfico de influencias. A Enrique Ortiz y a su esposa, Manuel Carratalá, así como a José Luis Castedo, Javier Gutiérrez, y al empresario Ramón Salvador Águeda les imputa también por cohecho.
La lista de los imputados se completa con el exmiembro de la dirección de CAM, Daniel Gil; los directivos de Bancaja Juan Zurita y José Cortina; el promotor inmobiliario Vicente Pérez; y los empresarios Aurelio González, Ramón Salvador Águeda, José Gregorio, Bernardo Campos, José Juan Climent y José Francisco Javier León, y el letrado Jorge Yacobi Strasser.
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