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VALENCIA.No podía retraser mucho más la respuesta empresarial al decreto de la Generalitat por el que se inberalizan determinadas acticidades industriales y se suprimen una serie de normas regulatorias de la actividad industrial como solución para incorporar a la legislación autonómica la Directiva de Servicios 2006/123/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 17/2009 de libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio.
El objetivo inicial era simplificar el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales, así como agilizar los trámites y procedimientos, pero la solución final elegida afecta gravemente, en opinión de las organizaciones empresariales afectadas, a la seguridad industrial, a los consumidores y usuarios, y a las empresas y trabajadores, ya de por sí muy perjudicadas por la actual crisis económica.
Las organizaciones empresariales del sector metalmecánico de Alicante, Castellón y Valencia (Femeval, Fempa y Femecas) argumentan que "si cualquiera puede decir que está capacitado para ejecutar unos trabajos sin tener que acreditarlo y sin asumir responsabilidad alguna, tal y como aparece en el nuevo decreto, esto va a ser un desastre. Mantener una empresa que está autorizada y que cumple con todos los requisitos legales es muy caro y complejo técnicamente, pero garantiza la profesionalidad y responde ante posibles eventualidades y problemas derivados de un trabajo defectuoso".
Tras las reuniones mantenidas con el secretario autonómico de Industria, José Monzonis, y con el director general de Industria, Rafael Miró, Femeval, Fempa y Femecas han solicitado reiteradamente la búsqueda de alternativas que partan de la aplicación de la Directiva de Servicios y que se aporten soluciones similares a las de otras comunidades autónomas que, como Madrid, Murcia, Cataluña o Andalucía, entre otras, no han suprimido el marco regulatorio de determinadas actividades industriales como las de instalador de fontanería, responsable técnico de taller, empresas mantenedoras de ascensores, de subestaciones eléctricas y de centros de transformación.
Para el metal de la Comunitat, este Decreto incide de forma grave en la seguridad industrial, contribuye a fomentar el intrusismo profesional y la economía sumergida y, además, crea un agravio comparativo para los profesionales valencianos de este sector, ya que en comunidades autónomas colindantes como Murcia, Cataluña o Aragón, sí que son necesarios ciertos requisitos para ejercer estas actividades. "Parece mentira que estas sean las medidas de apoyo a la industria aprobadas por el Consell", afirman desde la representación empresarial del metal de Valencia, Alicante y Castellón.
Fuentes empresariales señalan que desde el momento en el que se tuvo conocimiento de la Directiva de Servicios y de su transposición al ordenamiento jurídico español, "el sector ha apostado por el diálogo abierto con la Generalitat". En este sentido, se ha entregado a los distintos responsables de Industria de un Documento de Seguridad Industrial en el que se recogían propuestas, sugerencias y planteamientos para la mejora del sistema de seguridad industrial. "Pero siempre ha sido una prioridad la reivindicación de un marco regulatorio de determinadas actividades industriales, de las que dependen miles de empleos directos e indirectos", explican desde el sector.
FONTANERÍA, AUTOMOCIÓN Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ENTRE LAS ACTIVIDADES AFECTADAS
El decreto del Consell afecta al marco regulatorio del instalador de fontanería, "actividad que debería mantenerse por motivos de seguridad". Con el nuevo decreto, afirman los empresarios, no existe un control y una supervisión sobre los diversos elementos de la instalación, lo que podría afectar a la calidad del agua en cada hogar, y suponer un grave riesgo para la salud humana. "Esta claro que la legislación que regula esta actividad, debe revisarse y adaptarse al marco legislativo actual pero no eliminar una actividad profesional como la de Fontanería por la implicación que tiene sobre la sociedad", explicaban desde el sector.
Por otro lado, y en referencia a la derogación de la Orden de 26 de abril de 2006, por la que se regula la obligación de que los talleres de reparación de vehículos automóviles dispongan de responsable técnico, el sector defiende que se mantenga esta figura ya que es una herramienta eficaz en la lucha contra los talleres clandestinos. "Su desaparición conllevará la proliferación de talleres ilegales, lo que va en detrimento de la seguridad vial, además de servir de abono a la grave lacra que sufrimos en la actualidad, como es la economía sumergida y el intrusismo, que tanto daño hacen a las empresas que cumplen con sus obligaciones legales".
Por último, el Decreto deroga la Orden de 9 de diciembre de 1987, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre mantenimiento de subestaciones eléctricas y centros de transformación, cuando existe un proyecto de ámbito nacional para regular la referida actividad.
Las tres federaciones del metal concluyen que con este tipo de decisiones, el Consell trata de quitarse de encima competencias que suponen actividad y control para recortar gastos, pero haciendo dejación de las funciones propias de la Administración. Y todo ello en perjuicio de los ciudadanos.
El sector está estudiando, junto a otros colectivos, la interposición de un recurso contencioso administrativo contra este Decreto del Consell.
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