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VALENCIA. Dos de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) más delicados que todavía debe abordar el Gobierno valenciano son el de Vaersa y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Estos dos entes, según las cifras estimadas, pueden representar una quinta parte del total de despidos previstos en las empresas públicas (entre 3.500 y 4.000), con un coste importante para la maltrecha economía del Gobierno valenciano.

Estos dos entes tienen un a 'sensibilidad' especial para la Generalitat por varios motivos. En Vaersa, empresa pública relacionada con la gestión de residuos y las tareas medioambientales, han salido a la luz supuestas irregularidades en cuanto a contratación y cesión de trabajadores. Además, las fuentes consultadas por este diario apuntan a que el principal recorte irá encaminado al despido de personal relacionado con los parques naturales, una circunstancia que coincide con uno de los peores años en materia de incendios en la Comunitat Valenciana, en cuya tarea de prevención trabaja precisamente Vaersa. Por su parte, en FGV, las fuerzas sindicales ya han comenzado a organizar movilizaciones: protestas que podrían evolucionar a huelgas, algo que preocupa en el seno del Consell. 

En lo que se refiere a Vaersa, la encargada de llevar adelante el ERE es la consultora Deloitte. Tras una primera reunión informativa, se emplazó a las fuerzas sindicales a una siguiente cita entre el día 17 y 21 de septiembre. Finalmente, según los sindicatos, no existió llamada para el encuentro, con lo que el ERE, que a priori afectará a 350 empleados, no ha sido presentado todavía.

Según fuentes sindicales, las informaciones aparecidas por los beneficios repartidos en Vaersa ha complicado el proceso dado que la probable causa de jusfiticación del ERE será la económica, algo que se podría invalidarse con la existencia de esos pagos por beneficios. Además, las fuentes consultadas por este diario señalan que el retraso también está motivado porque no existe "garantía de presupuesto" para hacer frente a los cerca de dos millones de euros que supone el ERE y, por ello, la Generalitat está contemporizando el proceso a la espera de la llegada del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) prometido por el Gobierno central.

Fuentes oficiales de la conselleria, sin embargo, aseguraron a Valenciaplaza.com que los plazos se están cumpliendo y que no se ha producido la cita y presentación del ERE por meros "trámites administrativos". 

En cuanto a FGV, todavía no se han concretado las cifras del ERE, aunque se estima que no será inferior a 400 la cifra de afectados. Según las fuentes consultadas por este diario, la presentación del expediente va encaminada a producirse en la última semana de octubre. El ERE en Ferrocarrils también resultará millonario, lo que, unido a la aplicación de otros como el de RTVV, que ya está ejecutándose, han llevado a la Generalitat a ir escalonando los más importantes para garantizar la solvencia. Una solvencia que, este mes, deberá llegar por la via del Fondo de Liquidez Autonómico.

Actualmente, FGV destina unos 90 millones de euros en gastos de personal, más de lo que gastaba RTVV con una plantilla de dimensiones similares. Sin embargo, la opción de un recorte similar al medio de comunicación público dificultaría el mantenimiento del servicio de trenes y estaciones, que requiere de más de un millar de empleados, según fuentes de la empresa.

Las dos áreas en las que se plantean las medidas más contundente es en oficinas (230 trabajadores y un coste laboral de 12 millones de euros) y en talleres y mantenimientos diversos (400 trabajadores y un coste laboral de 20 millones de euros). La reducción del primero y la externalización del segundo liberaría del pago al ente público de ese nutrido grupo de nóminas.