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VALENCIA. El Síndic Major de Comptes de la Comunitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt, ha advertido de que los ayuntamientos valencianos carecen de recursos para afrontar sus gastos generales, durante la presentación del Informe de la Cuenta General de Entidades Locales correspondiente a 2010, en la Comisión de Hacienda de las Corts este jueves.

Este informe recoge y analiza la información económico-financiera de las 576 entidades locales (el 87 por ciento del total) que han remitido sus cuentas a la Sindicatura en el plazo establecido, que en esta ocasión se adelantó al 31 de diciembre de 2011, lo que ha permitido culminar el informe en abril y ahora ser presentado a los diputados.

La situación económica se ha reflejado en que el remanente de tesorería para gastos generales de los ayuntamientos ha pasado a ser negativo en 120,25 millones de euros, lo que supone una disminución del 1.758 por ciento respecto a 2009, cuando se situaba en 7,25 millones de euros. De hecho, un total de 171 municipios presenta un remanente de tesorería para gastos generales negativo. El resultado presupuestario ajustado ha descendido un 56 por ciento hasta situarse en 109,18 millones de euros.

El análisis financiero y patrimonial refleja que los municipios de la Comunitat Valenciana vieron reducidos sus ingresos en 749 millones de euros, lo que supone un 14 por ciento respecto al año anterior, mientras sus gastos lo hicieron en un 6 por ciento (284 millones).

Del total de entidades analizadas, 496 son municipios, lo que supone el 92 por ciento del total y el 91 por ciento de la población. Este porcentaje es sensiblemente inferior al del año anterior, que se situó en el 97 por ciento de la población, debido a que grandes municipios como Gandia, Mislata, Orihuela y Sueca no presentaron sus cuentas a la fecha de emisión de este Informe y Crevillent y Torrent lo hicieron con posterioridad.

La no incorporación de las cuentas de estos grandes ayuntamientos y la modificación en la estructura presupuestaria aprobada por el Ministerio de Economía y Hacienda ha provocado que el análisis comparativo entre 2009 y 2010 "no sea homogéneo", y que haya sido "imposible" comparar aspectos como las obligaciones reconocidas a nivel de área de gasto y los derechos reconocidos.

En conjunto, los municipios han visto recortado su presupuesto inicial de ingresos en un 10 por ciento. Todos los impuestos han descendido excepto el IBI, que ha aumentado un 6 por ciento tras crecer un 10 por ciento el ejercicio anterior, y el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), que se ha visto incrementado en un 13 por ciento.

SE RECORTA UN 7% EL GASTO PÚBLICO POR HABITANTE

El gasto público por habitante se ha recortado en un 7 por ciento hasta 1.069 euros. Los municipios de Castellón mantienen el mayor nivel, con 1.150 euros, seguidos de los de Valencia (1.116 euros), y Alicante (984 euros). Del mismo modo, los ayuntamientos castellonenses invierten 307 euros por habitante, frente a los 251 de Valencia y a los 196 de Alicante.

La carga financiera por habitante ha aumentado un 42 por ciento, sobre todo en los municipios valencianos, que ha pasado de 87 a 149 euros (un 71 por ciento más). En Castellón ha disminuido desde los 71 euros a los 67, mientras en Alicante ha aumentado desde 57 a 61. El endeudamiento por habitante se sitúa en 585 euros, lo que supone un 1 por ciento más que el año anterior. El crédito a largo plazo se ha mantenido en torno a los 2.500 millones de euros, mientras a corto ha disminuido un 40%, hasta 207,68 millones.

En cuanto a la presión fiscal, ésta se mantiene en niveles similares a los de 2009, con 546 euros por habitante, siendo los habitantes de los municipios de Castellón los que soportan una mayor presión (633 euros), seguidos de Alicante (564 euros) y Valencia (511euros).

DERECHOS DE DIFÍCIL COBRO

Las comprobaciones globales sobre los estados presupuestarios han reflejado que 413 entidades locales (el 71 por ciento) presentan incidencias. La más frecuente ha sido el resultado presupuestario ajustado negativo, que afecta a 223 entidades locales (38,7 por ciento ) y que indica un deterioro de la situación económica. La falta de estimación del importe de dudoso cobro en el remanente de tesorería es la segunda incidencia más común, al afectar a 207 entidades locales.

En sus recomendaciones, la Sindicatura insiste en la necesidad de tener en cuenta el principio de prudencia en la estimación de los derechos de difícil cobro. En este sentido, señala, "las deudas que las distintas administraciones públicas tengan con las entidades locales no deben ser excluidas en la estimación de los derechos de difícil cobro". En cuanto al balance y la cuenta de resultados, la incidencia más frecuente se debe a la existencia del fondo de maniobra negativo que la presentan 164 entidades locales (28 por ciento del total).

INCUMPLIMIENTOS DE PLAZO Y RECOMENDACIONES

Queralt considera que es "significativo" el aumento de entidades que han presentado sus cuentas en el plazo preceptivo, un 70 por ciento frente al 39 por ciento del ejercicio anterior. Pero, no obstante, se mantiene "el incumplimiento en los plazos relativos al ciclo presupuestario". De hecho, el 80 por ciento de los organismos no aprobó el presupuesto en el plazo legal.

La sindicatura insiste en sus recomendaciones en la necesidad de que se cumplan los plazos legales y solicita a la Generalitat que haga uso de la facultad que le otorga la Ley de Régimen Local y establezca como requisito para la concesión de subvenciones y ayudas la presentación de la cuenta General, debidamente aprobada, a la Sindicatura de Comptes.