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VALENCIA (EP). Blas Jesús Pérez, exasesor jurídico, fiscal y laboral de la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), ha afirmado este lunes que la entidad no podía ampliar su actividad hasta Rumanía debido a su objeto social y a su origen, ya que territorialmente estaba circunscrita al área metropolitana de Valencia.

Pérez se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo.

El testigo ha explicado que trabajó para Emarsa desde marzo de 1993 hasta julio de 2010. En general, ha afirmado que él no observó ninguna irregularidad y, preguntado por si supo de la existencia de viajes a Rumanía realizados por el exgerente, Esteban Cuesta, y por otros directivos de Emarsa, ha manifestado que no.

Sobre este asunto, además, ha indicado que Emarsa no podía ampliar su actividad, el asesoramiento, la construcción o el desarrollo de cualquier actividad comercial en Rumanía debido a su objeto social y a su origen. Así, ha recordado que estaba territorialmente circunscrita al área metropolitana de Valencia.

Por otro lado, preguntado por si alguna vez participó en las comidas de la empresa, ha manifestado que sí, en navidades, ocasionalmente en verano y en compañía del Consejo de Administración. También ha comentado que al inicio del mandato de Enrique Crespo en Emarsa se acordó proponer a la Junta General una dieta de 500 euros por cada reunión.

Respecto a los presuntos regalos que se hacían en Emarsa, ha comentado que él sabía que se hacían en navidades al Consejo de Administración "y a ningún otro". Y estos consistían en un regalo de cerámica, bolígrafos Montt Blanc "y cosas así". También ha dicho que nunca vio un catálogo para regalos en el despacho del exgerente o de su exsecretaria.

Por otra parte, interpelado por si tuvo conocimiento de que el exinformático, Sebastián García, o cualquier otro proveedor de Emarsa pagó a Cuesta dinero para trabajar en la mercantil, ha señalado que "no". Asimismo, ha afirmado que él nunca tuvo noticias de que el exdirector financiero, Enrique Arnal, recibiera dinero o contraprestaciones en especie por parte del exinformático.

Por último, Pérez ha señalado que en Emarsa estaban establecidas unas limitaciones a las facultades del gerente, y entre ellas había una limitación general para todos sus actos por cuantía de hasta 10 millones de pesetas. Esta limitación --según ha dicho-- se eliminó cuando se le confirieron a Cuesta facultades como gerente en el año 2004. Preguntado por qué se hizo este cambio, al principio ha respondido: "porque así lo propone el presidente al Consejo o porque el presidente no incluye esa limitación en la propuesta que hace al Consejo". Tras volverle a interpelar por este asunto, ha comentado que no recordaba el motivo exacto.

En una nueva resolución, el magistrado ha pedido a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) los expedientes del exgerente Juan José Morenilla y del exjefe de explotaciones Ignacio Bernácer, ambos imputados en la causa, para conocer el tipo de relación laboral que les ha mantenido con la entidad.

El magistrado ha pedido a la Epsar que presente un informe sobre si el departamento económico de la entidad recibía anualmente los informes de auditoría de Emarsa y varios documentos y actas, una decisión que adopta tras las declaraciones de Bernácer.

Igualmente, ha solicitado a los inspectores de Hacienda que aporten la relación de ingresos y pagos de la mercantil Agromática del Este, empresa administrada por la mujer de Morenilla, desde la fecha de su constitución en 2000 y hasta la actualidad. Además, en una providencia de fecha 20 de septiembre, el magistrado requiere a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) que informe sobre si en el vertedero de Pico de los Cuervos de Sagunto han sido evacuados lodos o residuos procedentes de la depuradora de Pinedo y, en caso afirmativo, por cuánto tiempo, qué cantidad y qué tipo.

En esta misma resolución, el juez pide a la UTE Incivsa-IVA Leying para que aporte al juzgado los informes emitidos sobre el funcionamiento de la depuradora de Pinedo desde septiembre de 2009 al mismo mes de 2010, y a la entidad Proaguas Costablanca para que informe si entre 2004/2010 remitió a Emarsa una oferta económica para la gestión de los lodos procedentes de Pinedo y que aporte la documentación acreditativa de haber sido así.

Igualmente, el magistrado ha solicitado a los inspectores de Hacienda que le remitan una relación de ingresos y pagos del imputado Jorge Ignacio Roca Samper, el empresario que se encuentra en paradero desconocido, desde 200 y hasta la actualidad. También pide información acerca de si el empresario ha presentado en este periodo de tiempo declaración por el IRPF y cualquier otra información fiscal que obre en los archivos de la Agencia Tributaria.