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VALENCIA. Una de las empresas públicas que se encuentra a punto de comenzar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) es Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SAU (Vaersa). Esta misma semana se produjo el primer encuentro entre miembros de la consultora Deloitte, que representa a la empresa, y las organizaciones sindicales, donde se confirmó la intención del ente público de prescindir del 23% de la plantilla, 350 trabajadores.

El ente público presenta diversas irregularidades precisamente en relación a los gastos de personal y la contratación, atendiendo a lo reflejado en la Cuenta General de 2011, publicada recientemente.

Según el informe de auditoría de cumplimiento, la masa salarial de Vaersa no ha sido autorizada por la Dirección de Presupuestos, algo preceptivo según el artículo 30 de la Ley 17/2010 de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. De hecho, según un escrito de diciembre 2011 de la Directora General de Presupuestos, se rechazó autorizar la citada masa salarial por diversas razones.

Las causas no eran baladíes. Desde la Dirección General puntualizaban que la solicitud de Vaersa incluía "reclasificaciones y creaciones de puestos no autorizadas previamente". Además, incidían en que no se detallaba "cómo se había calculado la dotación al Plan de pensiones" y recalcaban que la empresa había introducido la constitución de un Fondo Social por un importe que excedía "el previsto en el convenio de aplicación". Otra de las razones, ponía el acento en el pago de 502.797 euros en 2010 "en concepto de productividad, sin que se emitiera informe favorable" por dicha Dirección General.

Así, en este escrito se requería a Vaersa la presentación de la solicitud de masas salarial ajustada a los incrementos retributivos previstos en las respectivas leyes de presupuestos sin inclusión de retribuciones o reclasificaciones no autorizadas expresamente y el acuerdo del Consell relativo a la autorización del abono de la productividad correspondiente a 2010. Según refleja el informe de la Cuenta General, a fecha de emisión del mismo no se tenía constancia de que Vaersa hubiera cumplido con estos requerimientos.

Además, el siguiente punto en lo referido a cumplimientos de legalidad recalca que Vaersa procedió al abono de retribuciones en concepto de productividad por importe de 44.525,63 euros durante el ejercicio 2011 sin que se hubiera obtenido tampoco informe favorable de la Dirección General de Presupuestos ni autorización del Consell de las cuantías individualmente asignadas por tal concepto. Esta maniobra incumple lo dispuesto en el artículo 31.6 de la Ley 17/2010 de Presupuestos de la Generalitat en el ejercicio de 2011.

Por último, la auditoría de cumplimiento resalta que Vaersa ha contratado personal laboral para la cobertura de vacantes de plantilla "sin contar con la autorización previa" de la Dirección General de Presupuestos.

DESVÍO DE 10 MILLONES DE EUROS EN PERSONAL

Otro de los puntos destacados del informe de la auditoría se refiere al cumplimiento en materia presupuestaria y contable. La liquidación de las cuentas refleja 31,3 millones de euros presupuestados en el capítulo de personal mientras luego la cantidad en gasto real es de 41,5 millones de euros. Una desviación de más de 10 millones.

El informe de la auditoría recalca que el decreto Ley 1/2011 del Consell de Medidas Urgentes de Régimen Económico Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional establece que los créditos consignados en el capítulo de gastos de personal tendrán carácter "limitativo" y, por consiguiente, no se podrán adquirir compromisos en cuantía superior a la autorizada por la ley de presupuestos. Dado que los gastos de personal reconocidos "exceden a los autorizados en el presupuesto de 2011, nos encontramos ante un incumplimiento del artículo 6 de la norma citada".

CONTRATACIONES SIN PUBLICIDAD

El informe de la Cuenta General también incide en algunos de los expedientes de contratación revisados, que representan un importe sobre el total del 21,98%. La auditoría pone de manifiesto las incidencias detectadas en dos casos de adjudicación directa "sin que se hayan aplicado los procedimientos de publicidad, transparencia y concurrencia necesarios". Además, subraya que tampoco ha existido "invitación a dos oferentes adicionales que completaran la triada de ofertas necesarias".

Asimismo, puntualizan que estos contratos "no debería haberse tramitado mediante procedimiento negociado al ser el valor estimado del mismo superior a 99.999,99 euros". De hecho, estos contratos tenían importes de 682.217 euros (gestión de residuos frigoríficos en la planta de Alicante) y 312.470 euros (recepción de residuos urbanos en las instalaciones de Benicarló). El informe recalca que en ninguno de los dos casos "consta su publicación en el Perfil del Contratante y debería haberse publicado el anuncio de licitación en el DOUE, DOCV y en la Plataforma de Contratación de la Generalitat Valenciana".

DENUNCIA DE CGT ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

El pasado 24 de febrero, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra los gestores de Vaersa, "por el pago de casi 1.400.000 euros en concepto de productividad entre los años 2006 y 2009 que, según los informes de auditoría de las Cuentas Anuales de la Generalitat, se hizo sin que constara la preceptiva autorización del Consell, como exigen las leyes de Presupuestos de la Generalitat Anuales".

Esta organización sindical calcula que la cantidad pagada en concepto de productividad sin la autorización del Consell asciende en total "a casi 2 millones de euros" y resalta que el personal funcionario y laboral de las consellerias "nunca ha percibido este complemento".

CGT ha decidido llevar a cabo la ampliación de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que se exijan responsabilidades a los gestores que, a su juicio, "han incumplido sistemáticamente la Ley desde el año 2006, a sabiendas de las advertencias del incumplimiento realizadas por los sucesivos informes de auditoría encargados por la propia Conselleria de Hacienda".

Además, considerando la tipificación de los delitos de "prevaricación y malversación en el Código Penal, CGT elevará la denuncia también ante la Fiscalía Anticorrupción", según señalaron este viernes en un comunicado.

Por su parte, Vaersa respondió a las acusaciones del sindicato afirmando que "siempre" ha actuado dentro de la "más estricta legalidad" en el pago de la productividad. 

Fuentes de Vaersa indicaron que el Tribunal de Cuentas dictó hace dos meses una resolución en la que declaraba que este pago estaba "dentro de la legalidad" y no lo consideraba constitutivo de infracción.

En este sentido, y ante el anuncio de CGT, desde la empresa pública subrayaron que el sindicato es conocedor de esta resolución porque se personó en el procedimiento como parte.

No obstante, la empresa pública se ha puesto a disposición de la justicia y han hecho hincapié en que Vaersa ha actuado "siempre" dentro de la "más estricta legalidad".