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VALENCIA. El nuevo modelo patronal empieza a definir cómo financiarse. El comité ejecutivo y la junta directiva de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que presidente Salvador Navarro, han acordado la constitución de un grupo de trabajo para fijar las nuevas "líneas estratégicas de CEV y Cepymev en el nuevo escenario económico y financiero".

Como punto de partida, ambas organizaciones empresariales definirán la reorientación de los servicios que prestan a las demandas concretas de los asociados (incluida la formación) el refuerzo de las áreas cuya actuación es ámbito exclusivo de la CEV, el fomento en la defensa de los intereses empresariales, el impulso de la participación institucional y "el reequilibrio de las fuentes de financiación orientadas a la independencia financiera".

Actualmente, la Generalitat mantiene con la CEV y el resto de organizaciones provinciales unos impagos por 25 millones de euros. En su mayoría son cursos y encomiendas relativas a la formación que las organizaciones han adelantado y que la administración valencianas les debería haber abonado desde 2010.

CRÍTICAS LA GOBIERNO CENTRAL

En su reunión, la dirección de la CEV ha propuesto a la patronal autonómica Cierval y a la CEOE que "evalúe la vía del recurso contencioso o la de declaración de inconstitucionalidad" de la supresión de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social por contratación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo.

Según ha informado la patronal provincial en un comunicado, en opinión de sus órganos directivos esa medida, aplicada desde el mes de agosto, "es nociva para la competitividad de las empresas y la creación de empleo". La organización argumenta que "produce una irreparable inseguridad jurídica entre los agentes del mercado de trabajo", ya que la medida afecta no solamente a las contrataciones posteriores a la entrada en vigor de la norma, sino a las que estaban en vigor con anterioridad a su publicación.

Además, sostiene que esa medida "rompe con el compromiso anunciado por el Gobierno de reducir la presión fiscal que sufren las empresas en los costes no salariales", al tiempo que "provoca desconfianza entre los inversores, nacionales e internacionales, que pretendan evaluar posibles operaciones a corto y medio plazo en España".

ACCIÓN POLÍTICA 

Los empresarios valencianos consideran que "destroza cualquier política seria de previsión de costes laborales en las empresas a corto y medio plazo". En definitiva, la CEV considera que esa norma "vulnera el principio de oportunidad" y que, "sobre todo, muy posiblemente adolezca de vicios constitutivos de ser declarada inconstitucional". 

La entidad ha avanzado que durante el proceso parlamentario de convalidación, "se pondrá en conocimiento de los grupos parlamentarios mayoritarios la frontal oposición y alternativas de consenso".

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