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Diversas empresas que no consiguieron licencia estudian denunciar a la Administración por los daños y perjuicios, mientras las concesionarias prevén hacerlo si la aplicación de la sentencia obliga a repetir el concurso de adjudicación

VALENCIA (A. MOHORTE). Entre la espada y la pared. La sentencia del Tribunal Supremo que anula la concesión en 30 diciembre de 2005 (pero aprobada oficialmente el 30 de enero de 2006) de 42 canales municipales de televisión digital terrestre (TDT) para las 14 demarcaciones marca para el Consellel inicio de una batalla judicial con dos frentes.

Por una parte, diversas empresas que no fueron beneficiadas por la concesión están estudiando la presentación de demandas por daños y perjuicios contra la Administración autonómica, entre ellas Servicios de Difusión Tele Elx S.A.U., que ha sido la denunciante en este proceso.

A su vez, la aplicación de la sentencia abre la opción de presentar demandas por parte de quienes fueron beneficiarios en su día y, al aplicarse la sentencia, pueden quedar ahora sin amparo legal para continuar sus emisiones con el correspondiente prejuicio económico, como apunta el director de Levante TV, Francesc Piera.

En breve, la empresa Servicios de Difusión Tele Elx S.A.U. va a exigir el cumplimiento de la sentencia de anulación de las concesiones y está valorando emprender acciones legales para resarcirse de los daños causado por estar emitiendo estos años sin licencia (con el correspondiente perjuicio de cara a los anunciantes y la imposibilidad de ser beneficiaria de publicidad institucional) y haber sido multada con medio millón de euros por incumplir la orden de cierre remitida en 2010 y actualmente recurrida.

MERCADO PUBLICITARIO CERRADO Y DESMANTELAMIENTO DE EMISORAS

"El mercado publicitario se nos cerró con la orden de cierre, después de 20 años siendo la única televisión local en Elx", ha reconocido a ValenciaPlaza.com la directora de Tele Elx, Conchi Álvarez. Con el apagón digital, migraron al canal 41 de la TDT y continuaron su trabajo sometidos a una "persecución" que les afectó económicamente, pasando de mantener una plantilla de 40 profesionales a una de 12, según Álvarez.

"La intención no es perjudicar a otras empresas, sino defender lo que le corresponde a Tele Elx", advierte Álvarez. La anulación afecta a las concesiones realizadas en Alcoy, Alicante, Benidorm, ElxElda, Orihuela-Torrevieja, Castellón, Morella, Vinarós, Alzira, Ontinyent-Xàtiva, Sagunto, Valencia y Torrent, pero no a las de Dénia, Vall d'Uixó, Gandia y Utiel-Requena o las dos de alcance autonómica, adjudicadas a Las Provincias TV y a Popular Televisión, que se fueron otorgadas en otras resoluciones de la ya desaparecida Conselleria de Relaciones Institucionales y Comunicación.

Por otra parte, Juli Esteve, director de Info Televisió, otra de las aspirantes que quedaron fuera del listado de adjudicatarias, reconoce que la no obtención de la licencia les llevó a desmantelar la televisión y convertir las empresas en productora audiovisual.

Sin embargo, a efectos prácticos reconoce que la repetición del concurso no es fácil que les permita volver a postular por una licencia ya que la coyuntura socioeconómica no es igual que en 2005 ni, en su caso, confía en que se de las "condiciones sociopolíticas" adecuadas para confiar en una adjudicación "imparcial". "Los esfuerzos inútiles llevan a la melancolía y estos no son tiempos para melancolías", asegura Esteve.

UNA OPORTUNIDAD PARA REACIONALIZAR LAS TDT

La sentencia del Tribunal Supremo se basa fundamentalmente en dos aspectos. El más importante es el que se refiere a la decisión del Consell, y del entonces conseller responsable, Esteban González Pons, de delegar la ponderación de la valoración de las ofertas presentadas en la empresa privada Doxa Consulting. Según el Supremo, esta fórmula "carece de objetividad e imparcialidad, que es propia de los órganos de la Administración".

Además, el alto tribunal considera que en la resolución, que se publicó en enero de 2006, no se motivaron las razones por las que las ofertas que quedaron fuera, entre ellas la de la demandante, no fueron seleccionadas.

Prácticamente son las mismas causas que se han alegado para la anulación el pasado mes de julio de la adjudicación de TDT de Canarias, que todavía no se ha aplicado. Sin embargo, Piera plantea que sería una buena oportunidad para "racionalizar" la situación de las TDT en la Comunitat.

INCUMPLIMIENTOS Y COSTES AÑADIDOS 

En la actualidad, la mayoría de los canales incumplen las condiciones de adjudicación, que exigían un 25% de la emisión en valenciano y destinar un 20% de su programación a la difusión de obras audiovisuales autóctonas. Igualmente, está prohibida la emisión en cadena o el alquiler de la frecuencia a otros explotadores, como están haciendo la mayoría de los adjudicatarios.

Igualmente, muchas de las concesionarias públicas y privadas municipales han dejado de emitir, como Televisión Municipal de Valencia, o no han llegado a emitir nunca, lo que obligaría a la retirada de la licencia. Sin embargo, la administración valenciana no lo ha hecho en ninguno de los casos.

Esta situación repercute en los que actualmente continúan emitiendo, ya que coste del multiplex que ha de pagarse a Abertis se distribuye entre subsisten. De este modo, en Valencia el cierre de la televisión municipal significó un incremento del 25% del coste de emisión para Levante TV, como reconoce Piera.

GÜRTEL, CIERRES Y CONCURSOS DE ACREEDORES

La adjudicación de la TDT en el Comunitat Valenciana estuvo rodeada de acusaciones de intencionalidad política. De hecho, 13 de las adjudicaciones se concedieron a empresa participadas por el empresario castellano leonés José Luis Ulibarri, a través de Mediamed, actualmente en concurso de acreedores.

Vinculado al Partido Popular, está implicado en el caso Gülter que investiga supuestos delitos relacionados con la corrupción en la Comunitat Valenciana. Actualmente, buena parte de las concesiones en las que participaron las empresas de Ulibarri ya no emiten.

El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP y entonces conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, ha asegurado al conocerse la sentencia que "respeta" y "acata" la decisión del Tribunal Supremo de anular la adjudicación de las TDT de 2006 de la Generalitat y recuerda que ha habido un "cambio de criterio" en el TS porque hay otras dos sentencias anteriores del mes de marzo que las valida.

En este sentido, ha explicado que esta es la tercera sentencia del Supremo sobre este tema. "En las dos anteriores había validado la adjudicación y ahora ha decidido lo contrario", por lo que, "igual que cuando en marzo el TS validó la adjudicación había que acatar y respetar la sentencia, también ahora hay que respetar la sentencia".

De esta manera, ha recordado que ha habido "más de 20 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dos sentenias del TS avalando la adjudicación". Pero, en esta última el TS "ha decidido cambiar de criterio y no cabe más que acatar y respetar el cambio de criterio que se ha producido en el TS".