MADRID (VP/EP). El presidente de la patronal de grandes constructoras (Seopan), David Taguas, considera que es el momento de lanzar el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) presentado el pasado mes de abril para paliar así los efectos negativos que tendrá el recorte de la obra pública anunciado por el Gobierno.
Taguas, en declaraciones a la cadena SER, recordó hoy que la mejor solución "para todos" es que las infraestructuras reciban capital privado para su financiación, tal y como prevé el PEI.
"Las infraestructuras tienen un retorno fiscal muy importante: de cada cien euros que uno gasta en infraestructuras, retornan a la Hacienda Pública 59 euros. Si se consiguiera poner en marcha el PEI, que se anunció hace meses, eso significaría que no sólo no hay que gastar dinero, sino que se producirán ingresos para las administraciones públicas de un gasto que puede financiar el sector privado", explicó.
No obstante, Taguas precisó que ello no es fácil, pues se necesitan proyectos "muy bien definidos" y que sean "financiables en las condiciones normales de los mercados". Aunque en primavera y principios de verano fue "imposible" lanzar el PEI por la situación de los mercados financieros, el presidente de Seopan opinó que, ahora que las cosas "han mejorado", es el momento de poner en marcha este plan.
A CORTO PLAZO SE PERDERÁN 72.000 EMPLEOS
Taguas no ocultó que el sector de la construcción vive un momento "bastante delicado" una "perturbación importante", pues antes de enfrentarse a la caída de la demanda de obra civil, el sector estaba "sobredimensionado" como consecuencia de la fuerte demanda pública y la estructura del Estado, y con márgenes de beneficios reducidos.
"Y ahora se enfrenta además a un shock negativo de demanda, junto con la entrada en vigor de la nueva Ley de morosidad, que va a tener en estas condiciones unos efectos magnificados e incluso puede provocar la desaparición de un número imprevisible de empresas", dijo.
Además de los últimos recortes -rescisión de contratos y reprogramación de los plazos de ejecución de las obras-, Taguas recordó que ya en la actualización del Plan de Estabilidad que presentó el Gobierno a finales de enero, estaba previsto un ajuste muy importante de la inversión pública hasta 2013.
"Por tanto, el ajuste actual -por valor de 6.500 millones de euros- es adicional, y va a suponer la destrucción de 72.000 empleos a corto plazo, y a medio plazo, a dos años y medio, la destrucción se incrementará hasta 160.000 puestos de trabajo", advirtió el presidente de la patronal de grandes constructoras.
En este contexto, Taguas saludó las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que afirmaba que, en la medida de lo posible y siempre que el Presupuesto lo permita, trataría de que algunas obras no fueran rescindidas o de que su reprogramación en plazos no fuera tan larga.
Para Taguas, tomar estas medidas sería muy importante, porque retrasar la finalización de una obra uno o dos años en lugar de terminarla cuando estaba previsto tiene un coste muy importante para las empresas. "Es muy relevante que esas nuevas asignaciones presupuestarias permitan mantener las obras activas", subrayó.
REUNIÓN CON LAS CONSTRUCTORAS.
Preguntado por el aplazamiento de la reunión que mañana iba a mantener Zapatero con los presidentes de grandes constructoras como ACS, Ferrovial o Acciona, Taguas dijo no tener constancia de que estuviera convocado tal encuentro, al que, por otra parte, no había sido llamado. "Es posible que fuera una reunión más de carácter privado y quizá por problemas de agenda se ha aplazado o suspendido, no lo sé, no me consta", explicó.
En todo caso, el presidente de Seopan, que en su día fue director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, subrayó que la interlocución de su organización con el Ejecutivo y su equipo ministerial es "bastante buena". "Lo que ocurre es que la situación en los últimos meses ha sido bastante difícil en nuestro sector", precisó.
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