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ALICANTE (EP). El expresidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés considera que la entidad financiera carece de "legitimación activa" para acusarle de administración desleal o apropiación indebida, tal y como recoge en el recurso presentado el pasado viernes a la querella admitida a trámite por la Audiencia Nacional que le imputa diversas irregularidades.

La querella, formalizada por los gestores de la CAM, que fue intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), acusa a Avilés de "gestión desleal" e indica que aprovechó su posición de "máxima relevancia para obtener la financiación para su intento de participar en las rápidas, especulativas y desproporcionadas ganancias que el fenómeno de la llamada burbuja inmobiliaria generó durante años".

Así, Avilés habría recibido en 2009 de forma "presuntamente fraudulenta", según la querella, cinco líneas de crédito públicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) por un importe de casi cuatro millones de euros.

Ahora, el demandado, en el recurso contra la querella plantea que CAM no tiene de "legitimación activa" para ejercitar la acción por administración desleal. Al respecto, Avilés recuerda que en junio de 2011, la CAM aprobó la operación de segregación de su negocio financiero a favor de Banco CAM SAU, --ahora propiedad de Banco Sabadell--, de modo que a 31 de diciembre de 2011 no ostentaba participación alguna en el accionariado de Banco CAM.

Así mismo, Avilés mantiene en su recurso que el procurador de CAM carece de poder "bastante y especial" para la interposición de esta querella lo que, según indica, constituye "una infracción procesal de orden público". En su defensa, el exdirectivo también sostiene que él no es "sujeto activo" de los delitos de que se le imputan porque no era administrador de derecho, "ni por sí mismo ni como miembro de la Comisión de Control de CAM".

Además, remarca que el "único órgano que tenía encomendada la administración de la entidad era el consejo de administración", mientras que la Comisión de Control era "un órgano de supervisión compuesto por ocho personas, que actuaba colegiadamente, sin poder ejecutivo, ni facultades de decisión o gestión".

DEFENSA DE LÓPEZ ABAD

Por otra parte, Avilés alega que existe "atipicidad" de los hechos denunciados, y mantiene que la narración contenida en la querella es "totalmente ajena a la realidad, parcial, interesada y totalmente falsaria". Asegura que él no jugó "ningún papel en la concesión de los mencionados préstamos, puesto que no eran funciones propias de su cargo, y nunca, jamás" obtuvo un trato de favor, o realizó "presiones" para que le fueran concedidos los préstamos reseñados en la querella, "como de forma totalmente ilusoria e inverosímil relata el querellante".

Al respecto, el recurso aporta un escrito del exdirector general de CAM Roberto López Abad, de agosto de 2012, en el que declara que pidió a Avilés que operara sus negocios inmobiliarios con la CAM "en condiciones de libre competencia y de mercado, ofreciéndoles la posibilidad de estudiar la financiación de sus proyectos".

López Abad también sostiene que la financiación con créditos a las empresas de Avilés "respondía al desarrollo de proyectos viables y rentables, siendo los créditos aprobados por el Consejo de administración en condiciones de mercado y como a cualquier otro cliente de CAM".

IMPUTACIONES "CON MALA FE"

De manera subsidiaria, Avilés alega en su recurso que las medidas cautelares solicitadas son "improcedentes" porque, tras la creación de Banco CAM, la caja de ahorros CAM, insiste, no es parte perjudicada en este proceso ni es titular de ninguna relación jurídica con las mercantiles concesionarias de los préstamos que refiere en la querella.

Por último, sostiene que estas acusaciones contenidas en la querella "responden a una maquinación torticera y burda", para imputar "con mala fe" a Avilés y a sus familiares "falsamente unos delitos inexistentes".

Así, el demandado considera que la querella ha estado motivada por las acciones penales que el propio Avilés inició contra dos de los inspectores del Banco de España que han estado en contacto con la administración provisional de CAM, y que fueron archivadas el pasado mes de julio.