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MADRID (EFE). Tres de los socios de Alberto Cortina y Alberto Alcocer en la sociedad Urbanor han iniciado una nueva batalla en la vía civil contra ambos empresarios por los supuestos daños sufridos con la venta de los terrenos donde se edificaron las Torres KIO de Madrid, por lo que reclaman casi 40 millones de euros.

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, .

La demanda se dirimirá así más de un año después de que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid condenara a los dos primos a pagar más de 10,8 millones de euros a la familia San Martín, otro de los socios de Urbanor, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Sentieri, Alarcón y Castelló sostienen que el contrato que se firmó en noviembre de 1987 para la venta de los terrenos a KIO "contiene un único precio de 27.431.250.000 pesetas por el 95% de Urbanor, resultado de valorar a 231.000 pesetas/m2 de edificabilidad de los solares propiedad de la entidad".

En consecuencia, la demanda afirma que "es evidente que hubo otros accionistas que percibieron esa diferencia entre lo que pagó Koolmes (KIO) y lo que no llegó a los socios estafados", que vendieron a un precio menor por metro cuadrado.

Los representantes de ambos primos afirman, en cambio, que nunca se estableció un precio por metro cuadrado sino un valor por toda la sociedad, que por tanto tenía carácter "global", como figura en una de las estipulaciones del contrato.

Además, sostienen que el importe que cobró cada socio fue distinto pues dependió de las "condiciones particulares" que acordó con el representante de KIO, Richard Robinson.

De hecho, Sentieri logró además ser designado inicialmente redactor del proyecto y de la dirección de obras a ejecutar, mientras que Construcciones San Martín acordó llevar a cabo la obra junto con Construcciones y Contratas.

Por su parte, Corporación Financiera Hispánica, vinculada a los dos primos, recibió acciones del Banco Central, según recuerdan los representantes de Cortina y Alcocer, que consideran "palmario" que los socios tenían un "conocimiento cabal" de las diferentes condiciones.

El Juzgado de Primera Instancia número 92 de Madrid deberá decidir además sobre varias cuestiones, como la supuesta prescripción para reclamar en la vía civil que alegan los dos primos, que también sostienen que no se puede declarar su responsabilidad civil al no existir sanción penal por el caso Urbanor.

Cortina y Alcocer fueron absueltos por el Tribunal Constitucional en febrero de 2008 por considerar que el Supremo lesionó sus derechos fundamentales al no apreciar la prescripción del delito de estafa del que fueron acusados en el caso Urbanor.