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MADRID (EP). Siete directivos y trabajadores de Caja Mediterráneo (CAM) declararán como testigos el próximo 4 de septiembre en la causa en la que está imputado por delitos societarios y de administración indebida el expresidente de la comisión de control de la entidad Juan Ramón Avilés.

Así consta en un auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez cita a declarar como imputado a Avilés tras admitir a trámite una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la que se apuntaba que podría haberse valido de su posición de influencia para concederse a sí mismo créditos de la CAM por valor de 17 millones de euros.

Junto a Avilés deberán comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 representantes de la entidad como Francisco Martínez García, que fue director general de Inversiones y Riesgo; Manuel Josep Lerma Fenoll, que se ocupó del área de Riesgo Crediticio; e Ildefonso Riquelme, que fue director territorial en Murcial.

Los otros cuatro comparecientes son Segundo Romero Sánchez, Enrique Carrión Carmona, Vicente Sánchez Asencio y Sonia Torres. El juez, además, ha citado para ese día a los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011.

La querella del FROB sostiene que Avilés habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.

SEGUNDA CAUSA SOBRE LA CAM

Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez Gómez Bermúdez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo.

A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos de la CAM se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.

Tras la intervención el Banco de España sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.