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VALENCIA. Cuestión de voluntad. La negociación de los expediente de regulación de empleo (ERE) en las administraciones valencianas se están saldando con suerte desigual para el futuro de los trabajadores. Mientras en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) se terminó con la presentación de un ERE de extinción sobre 1.198 de los 1.695 trabajadores y la próxima apertura de la vía judicial por parte de los sindicatos; en el caso de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia la negociación terminó en acuerdo y sin despidos.

Aunque en todo proceso de negociación laboral son claves el número de afectados o la composición del comité de empresa y la actitud de sus miembros, la actual reforma laboral hace necesaria que la dirección contemple alternativas al despido, especialmente en las empresas de la Administración pública. A día de hoy, si no hay acuerdo, la propuesta final de la empresa será la que se ejecute, sin ser ya vinculante el informe de la Inspección de Trabajo.

Además, en el caso de las administraciones públicas y las empresas vinculadas a ellas, la disposición adicional tercera de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral contemple dejar sin aplicación el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que recoge la suspensión de contratos o la reducciones de jornada "para causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor".

DEL ACUERDO DEL IVVSA AL ENFRENTAMIENTO DE RTVV

La única excepción que contempla es la de aquellas entidades públicas "que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado". Este es el caso del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), empresa pública de gestión inmobiliaria, esta salvedad fue clave para la negociación del ERE, que planteaba inicialmente reducir la plantilla de 327 trabajadores a 76.

Tras el proceso negociador se acordó que continuarían en la empresa 116 trabajadores, aunque a un 20% de ellos se les redujo el salario y la jornada laboral, entre otras condiciones, con vistas a que vuelvan a ser necesarios a pleno rendimiento si las circunstancias cambian. A pesar de que fuentes sindicales reconocen que la situación del negocio inmobiliario no llama al optimismo y advierten del riesgo de nuevos despidos el año que viene, el comité de empresa optó por el acuerdo.

En el caso de RTVV no se daban esas condiciones que recoge la ley, por lo que la extinción de 1.195 empleos ha sido la opción elegida por la empresa y no la reducción de los despidos a unos 200 a cambio de recortes de los costes laborales y de gestión que incluía la última propuesta sindical. Aunque la empresa llegó a plantear una reducción del ERE a 1.095 trabajadores, los sindicatos ya había comunicado que se negarían a aceptar propuestas que significaran prescindir de dos tercios de la plantilla.

En todo caso, fuentes sindicales cuestionan la buena fe de la última propuesta de la dirección por presentarse in extremis, incluir un número de despidos "inasumible" para el comité de empresa y por ser incoherente con la estructura de la empresa que contempla la nueva Ley de RTVV.

La nueva norma limita la financiación de la Generalitat a los contenidos de servicio público, como los informativos y los espacios en valenciano (incluido el pago a las productoras locales de series de ficción), concediendo la gestión privada del resto de franjas horarias y la externalización de servicios, concretamente técnicos, publicidad y programas. Si la norma se aplicaba en los términos previstos, sobraban trabajadores.

DIÁLOGO EN LA EMT

Caso distinto tanto por la negociación como por los resultados es el de la también pública EMT, dependiente del Ayuntamiento de Valencia. A pesar de las diferencias y las tensiones generadas en el proceso, la actitud del director gerente de la empresa, Jesús Herrero, y del equipo de recursos humanos resultó determinante para la solución. Fue la empresa la que planteó el acuerdo sin despidos a falta de dos días hábiles para la negociación, aunque de un modo expeditivo: o el lunes 30 de julio se aceptaba el recorte o el 31 de julio comunicaba al lista de afectados.

Definitivamente, se aprobó una reducción salarial del 8,66%, además de otras medidas adicionales de ajuste económico, en lugar de los 208 despidos planteados inicialmente. La empresa debía encajar "por todos los medios" el recorte presupuestario de 10 millones de euros decidido por el Ayuntamiento de Valencia, según fuentes de la negociación, y planteó las alternativas que tenía en su mano para hacerlo.

A pesar de la movilización de la plantilla, que dio lugar a enfrentamientos que llegaron a tener como protagonista a la propia alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; la dirección y los sindicatos sacaron adelante un acuerdo en el que ambos aceptaron condiciones del contrario.

Aunque las dos partes reconocen que fue "providencial" en el acuerdo la aprobación por el Gobierno central del Real Decreto que eliminó la pagas extraordinarias de los empleados públicos (lo que reducía ya los costes de la empresa en un 7,14% y limitaba el ajuste a 3 millones de euros), la dirección planteó mejoras en la gestión para restar otro 1,5 millones (supresión de líneas y modificación de servicios) y los sindicatos aceptaron otro recorte del 1,5 millones en los costes salariales repartidos entre los 1.500 trabajadores de la empresa.

Además, la dirección se comprometió a respetar las condiciones del acuerdo por dos años y a regularizar a partir del 1 de septiembre los retrasos en las nóminas. En el momento de la negociación los sindicatos denunciaban el impago de parte de los pagos desde marzo (50%) hasta el mes de julio (de los que faltaba por pagar el 75%), además de distintos complementos. La asamblea de los trabajadores aceptó el acuerdo con el respaldo del 69% de sus miembros.