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VALENCIA. La Generalitat sigue su ajuste. Tras los expediente de regulación de empleo (ERE) en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y en el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), le toca el turno a la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), encargada de la gestión de plantas de tratamiento de residuos y servicios medioambientales como la prevención de incendios.
La dirección de la empresa ha convocado a consultas a los representantes de los trabajadores para al tercera semana de septiembre con el objeto de concretar las condiciones del despido de un 23% de su plantilla. Aunque el pasado mes de julio se hizo público el ajuste, la propuesta aún no se había concretado.
A partir de ese momento, se inicia un periodo de 30 días de negociación, tras el que la dirección presentará ante la Dirección General de Trabajo el alcance definitivo y las condiciones del ERE. La empresa defiende la necesidad del ajuste por el recorte presupuestario con carácter general de 1,85 millones realizado por las direcciones generales de Medio natural y Calidad ambiental de la Conselleria de Infraestructuras, a través de las que Vaersa tiene encomendada su labor.
AFECTADOS Y CRITERIOS
El personal afectado será principalmente el responsable de espacios y parque naturales, además del de mantenimiento y educación medioambiental. Esta es la segunda vez en menos de un año que se aplican medidas de ajuste a esta empresa. El pasado mes de diciembre se recortaron los gastos en más de medio millón de euros, reduciendo los meses de trabajo de 12 a nueve.
Aunque la contratación del despacho legal que gestionará el ERE está por determinar, la base para aplicar la medida es el plan de viabilidad elaborado por Deloitte, según fuentes de la empresa, la misma consultora que ha hecho el plan de reestructuración del conjunto de entidades de derecho público de la Generalitat.
Fuentes conocedoras del proceso apuntan que los criterios para la elección del personal afectado por el ERE serán polémicos, como ha ocurrido en RTVV, modelo de referencia en al reestructuración. En lugar de valorar antigüedad y modo de acceso al puesto (primando la permanencia del personal por oposición al contratado), la dirección ya ha transmitido extraoficialmente que se optará por otros, como la disponibilidad y actitud del trabajador, la polivalencia de funciones o la movilidad geográfica.
CACSA, NEGOCIACIÓN EN MARCHA
Ya en negociación se encuentra el ERE de la Ciudad de las Artes y la Ciencias (CACSA), que concluirá con una oferta definitiva el 5 de septiembre. La propuesta de la dirección pasa por el despido de 140 trabajadores y la amortización de 25 puestos, afectando en total a 165 empleados.
Esta reducción irá acompañada de un cambio de modelo de gestión, que permitirá la entrada de empresas privadas en la explotación del complejo, una posibilidad ya apuntada públicamente desde el Consell. El atractivo del complejo para los futurso gestores es avalada por la Generalitat los últimos 12 años, que ascendieron a más de 23 millones de euros.
Parques Reunidos, actual gestora de l'Oceanografic, ya ha iniciado contactos, según distintas fuentes, para conocer las condiciones que se plantearán en la externalización del complejo de ocio. La empresa estaría interesada en el Museo de las Ciencies y L'Hemisfèric, pero no en el espacio para eventos del Àgora ni en el Palau de les Arts, que funciona a través de una fundación independiente a CACSA.
FGV, SEPIVA, IMPIVA Y AVT, EN TIEMPO DE DESCUENTO
Tras el paréntesis estival, la presentación de ERE y la ejecución de despidos en las empresas públicas valencianas se irán acelerando a partir de la segunda semana de septiembre. El objetivo fijado por la Generalitat es completar el proceso antes del 1 de enero de 2013, fecha en la que se espera reducir el persona el público en 4.000 personas, al margen de los 1.198 de RTVV.
El resto de acciones que se prevén inminentes son las que afectarán a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y la Agencia Valenciana de Turismo. En todos los casos, las respectivas direcciones han iniciado el proceso de análisis para la presentación de los despidos.
En el caso de FGV, la directora de la empresa, Marisa Gracia, y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, prevén presentar en las primeras semanas de septiembre el plan de viabilidad de la compañía al secretario autonómico del Sector Público Empresarial, Bruno Broseta. El documento, basado en al propuesta entregada antes del verano por la consultora Improven, prevé una reducción de plantilla que afectará especialmente a los departamentos de administración (240 trabajadores) y talleres (400 trabajadores), que podría ser privatizado.
Para el resto de la plantilla se trabaja con una previsión de reducción de la masa salarial en un 20% por medio de bajadas de sueldos, ante las dificultades de los conductores y responsables de estación. Esta solución está condicionada a la aceptación por parte del comité de empresa de la medida, ya que afecta a aspectos recogidos en el convenio colectivo, que no puede ser modificado sin la aceptación de los representantes de los trabajadores.
RIESGO DE SUPRESIÓN
Respecto a Sepiva e IVEX, los trabajos están menos avanzados en su redimensionamiento, pero la nueva estructura del sector público empresarial que presentó la Conselleria de Economía el pasado mes de mayo deja abierta de puerta a que el redimensionamiento termine con su desaparición.
En todo caso, las competencias de cada una de estas entidades pasaría a ser ejercidas por otra y el personal del que no se prescindiera se reasignaría a otras entidades como la futura Unidad de negocio de Competitividad Empresarial. Fuera de la reestructuración queda la Agencia Valenciana de Turismo, que continuaría, aunque mermada en sus efectivos.
Sin embargo, no todas las empresas del sector público empresarial van a aplicar ERE. "Hay que tener en cuenta que muchas de ellas tiene un número muy reducido de trabajadores y no requerirán de este procedimiento en sus ajustes", advierten fuentes conocedoras del proceso.
Para la presentación de un ERE se requiere un mínimo de 10 despidos si la empresa tiene menos de 100 trabajadores, por lo que los despidos por debajo de esta cifra no requieren la negociación de un ERE. Entre los ejemplos de pequeña plantilla está Circuito del Motor (14 trabajadores), Sociedad Proyectos Temáticos (30 trabajadores), Proyecto Cultural de Castellón (30 trabajadores) o Ente Gestor de Transportes y Puertos (32 trabajadores), por citar algunas de las re.
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