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VALENCIA. Pasadas las dos de la madrugada ya de este miércoles y tras casi cinco horas de reunión, el consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana aprobó ocn los votos a favor de los consejeros designados por el PP y en contra de los de la oposición, la propuesta de ERE que fija la salida progresiva de hasta 1.198 trabajadores, para dejarla en un mínimo de 480.

Según ha informado el ente público en un comunicado, este ERE, que será presentado hoy ante la dirección general de Trabajo, forma parte de un plan integral de reestructuración del grupo RTVV y supondrá un ahorro de entre 40 y 42 millones de euros anuales para las arcas públicas.

Las salidas de trabajadores comenzarán a lo largo del próximo mes de septiembre y podrán extenderse hasta el 31 de agosto de 2013, en función de los plazos de las externalizaciones previstas en la nueva Ley del Estatuto de RTVV, aprobada por las Cortes Valencianas el pasado 12 de julio.

La dirección general ha aceptado, durante el pleno, y a propuesta de los consejeros designados por el Partido Popular, mantener parte de su última oferta al comité de empresa, presentada el viernes 17 de agosto, y que fue rechazada por la mayoría del mismo.

Así, se ha aprobado que, dentro del plan de acompañamiento social de este ERE, se incluya una ayuda lineal de 400 euros durante 6 meses, para todos los trabajadores de entre 45 y 62 años que sean despedidos.

LA OPOSICIÓN ANUNCIA QUE IMPUGNARÁ LOS CONSEJOS

Los representantes de la oposición en el consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana han anunciado que impugnarán la reunión de hoy, en la que se ha aprobado un ERE que contempla el despido de hasta 1.198 empleados, y han advertido sobre la posible nulidad de esta medida.

Según ha explicado la vicepresidenta del consejo de administración, la socialista Consuelo Catalá, el PSPV-PSOE va a impugnar por considerar que el consejo no puede aprobar -como hizo el pasado julio- ninguna medida que incluya la externalización de la producción.

Catalá, visiblemente emocionada, junto a los consejeros de Compromís, Rafael Xambó, y de Esquerra Unida, Guillermo Sampedro, han informado a los trabajadores y representantes sindicales que se han concentrado frente a la sede del consejo del resultado de la, a su juicio "dura reunión", que se ha prolongado durante casi cinco horas.

En opinión de Xambó "las productoras de los amigos del PP se estarán frotando las manos" y ha advertido a la dirección de RTVV que se verá con ellos en "los tribunales".

Para Sampedro, esta reunión del consejo "podría ser anulada en los tribunales", y en consecuencia también el ERE.

El consejero de EU ha explicado la propuesta alternativa de los sindicatos en el seno del consejo, ha pedido que se incluyese en las actas de la reunión de hoy y ha criticado que la dirección se haya presentado como una "víctima por haber recibido huevos e insultos" por parte de un grupo de empleados de RTVV en la anterior reunión, celebrada el 18 de julio.

CITA EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Tanto dirección como sindicatos están convocados para la mañana del miércoles ante la Inspección de Trabajo con el fin de que los técnicos de la Administración elaboren el informe correspondiente. Aunque ya no es vinculante, los sindicatos consideran que un rechazo a la propuesta de la empresa les serviría para dotar de más peso a su demanda judicial.

Fuentes jurídicas señalan que los posibles defectos de forma del proceso son fundamentales para anular el ERE, pero eso no quita para que se expongan las discrepancias sobre los criterios de selección del personal prescindible, especialmente si los despidos se producen en función de la información de la que dispone la dirección y no de la que puedan aportar los propios trabajadores afectados, especialmente en lo relativo a la formación cursada después de incorporarse a su puesto.

Igualmente, se cuestiona el modo de valoración de aspectos como la polivalencia del trabajador y la legalidad de valorar el hecho de haber tenido periodos de excedencia voluntaria o permisos sin sueldo durante la vida laboral como puntos en contra para conservar el empleo. También se cuestiona, en ese sentido, que haber obtenido el empleo por oposición sea recogido como el último aspecto a tener en cuenta en caso de despido.

PARALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS INDIVIDUALES

La presentación de la demanda colectiva por parte de los sindicatos paralizará las que hayan planteado los trabajadores despedidos hasta eses momento que estén en desacuerdo con su salida de la empresa. Igualmente, las que se presenten con posterioridad quedarán a la espera de que se resuelva la colectiva.

Aunque el procedimiento es urgente y fuentes jurídicas aseguran que los juzgados de los Social no son especialmente lentas, la sentencia podría tardar entre dos meses y medio y tres meses, con lo que podría llegar en el mes de diciembre.

Con la sentencia de la demanda colectiva dictada se retomarían las demandas individuales, que podrían tardar otros tres meses en ser resueltas. De este modo, si no anula el ERE con la demanda colectiva, los casos particulares podrían tardar casi medio año en ser resueltos.

TENSAS NEGOCIACIONES

La propuesta definitiva es superior a la última alternativa planteada por la dirección al comité de empresa este jueves, pero inferior a los 1.295 que se propuso inicialmente. El rescate de 200 empleados de la última propuesta estaba condicionada a la aceptación de una reducción de sueldos que rondaba el 15%, además de otras medidas en materia de horarios y funciones que afectaban al convenio colectivo.

Aunque en otras empresas públicas sí ha salido adelante la reducción de sueldos a cambio de evitar despidos (como en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia), esta posibilidad estaba condicionada a la aceptación por parte del comité de empresa de modificaciones en el convenio.

De este modo, la dirección achaca a los sindicatos la nueva cifra de despidos por negarse a aceptar la última propuesta planteada (sólo aprobada por CSIF y USO), mientras que la mayoría del comité de empresa (CCOO, UGT, Intersindical Valenciana y CGT) consideran inadmisible firmar un recorte que prescinde de tres cuartas partes de la plantilla con una indemnización de 20 días por año trabajado, entre otros aspectos.

La propuesta planteada por estos sindicatos la noche del jueves ofrecía recortar los costes salariales en 24 millones de euros y modificar la política de ingresos desarrolladas hasta ahora por la dirección a cambio de no prescindir de ninguno de los trabajadores. La dirección se opuso la mañana del viernes a esta posibilidad al considerarla insuficiente y fuera de plazo.

PRIMEROS DESPIDOS

Una vez comunicado el ERE a la Dirección General de Trabajo, tras la aprobación del consejo de administración, la dirección puede empezar a comunicar a los trabajadores su salida de la empresa. El plazo de tiempo para hacerlo se prevé corto, aunque no inmediato, por la necesaria argumentación de los criterios aplicados para prescindir de cada trabajador.

Fuentes conocedoras del proceso apunta a los departamentos no externalizables como los primeros que serán afectados por el ERE, mientras que los que ejercen actividades que serán privatizadas (como los relativos a los servicios técnicos, publicidad y producción) no se completarán hasta que las empresas que ganen los concursos que se convoquen vayan asumiendo sus actividades.

El plazo máximo para completar la regulación será el 1 de enero de 2013, por lo que el grueso de los despidos, especialmente en los servicios técnicos, se producirán en otoño, según fuentes conocedoras del proceso. En todo caso, la intención de la Generalitat es no prolongar en exceso este periodo transitorio y disponer de una nueva estructura y organización en el menor tiempo posible.