Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

ALICANTE (EP). El sindicato CCOO ha interpuesto una queja ante el Síndic de Greuges, José Cholbi, en la que pide agilizar la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en la Comunitat Valenciana, ya que, según una estimación de la central sindical, la lista de espera autonómica para acceder a esta ayuda supera las 10.000 personas, lo que provoca demoras de hasta 24 meses desde su solicitud.

A través de un comunicado, Comisiones Obreras ha señalado que "en la actualidad", según sus cálculos, la lista de espera para acceder a la RGC en la Comunitat supera las 10.000 personas, de las cuales 5.000 corresponden a Valencia, otras 4.000 a Alicante, y las restantes 1.000 a Castellón, al tiempo que ha añadido que las expectativas son que el número de solicitudes "siga creciendo en los próximos meses".

Así, el sindicato ha denunciado ante el Síndic de Greuges las "graves" consecuencias que, a su juicio, se derivan de las demoras en esta concesión, "atendiendo a la situación límite para las personas beneficiarias, debido a la ausencia de protocolos de urgencia y el retraso reiterado e intencionado" por parte del gobierno autonómico.

CCOO ha explicado que la queja interpuesta ante el órgano defensor del pueblo se centra en la "negligente" gestión que, en su opinión, está realizando la Generalitat respecto a la denominada Renta Mínima Garantizada, con demoras de hasta 24 meses desde su solicitud.

La organización sindical ha subrayado que "pese a todas las recomendaciones realizadas por el Síndic en los últimos años sobre este asunto, incluida una queja de oficio publicada a finales del año pasado, la situación en cuanto a las demoras y tramitación de este Derecho Subjetivo sigue en niveles totalmente impresentables en un Estado de Derecho".

De este modo el sindicato ha explicado que del análisis de las quejas resueltas y de los documentos de Conselleria se concluye que para poder acceder a una renta "considerada de urgencia", la media de espera se sitúa en los 18 meses.

Sin embargo, CCOO ha apuntado que aunque la legislación al respecto establece un plazo de tres meses en la resolución de las ayudas de carácter social urgente, se han llegado a producir retrasos superiores a los 24 meses desde la presentación de la documentación.

CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA

"En un contexto de crisis económica, en el que miles de familias han perdido el trabajo y las prestaciones por desempleo, encontrándose por tanto en una situación de pobreza extrema, la Administración autonómica sigue incumpliendo los plazos que ella misma estableció en la normativa", ha aseverado el sindicato.

Por su parte, el secretario de Comunicación Intercomarcal de CCOO en l'Alacantí-Les Marines, Salvador Roig, ha considerado que el Consell "está actuando de una manera negligente, vulnerando los derechos legítimos de los ciudadanos que solicitan la Renta Mínima garantizada".

En su queja al Síndic, el sindicato ha destacado la modificación legislativa realizada a través de la Orden 7/2012, de 20 de febrero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 31 de julio de 2008, que regula las bases de la convocatoria de la prestación de renta garantizada de ciudadanía.

Comisiones Obrera ha señalado que la citada variación "supone una nueva vulneración de los derechos ciudadanos, ya que establece un mecanismo por el cual los efectos económicos de la renta garantizada de la ciudadanía se producirán el primer día del mes siguiente a la fecha de la resolución que reconozca el derecho a su percepción". "Es decir, se eliminan los efectos retroactivos que situaban el derecho a recibir la prestación desde el momento de su solicitud", ha añadido.

Para Roig, esta situación es una "estrategia" de la Generalitat que no busca agilizar los trámites y cumplir los plazos, "sino todo lo contrario", ya que esta modificación provocará, tal y como ha expuesto, que los retrasos en la tramitación se acumulen en el tiempo, "penalizando" a las personas que han solicitado la Renta a partir del mes de la publicación de la orden 7/2012.