Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• AitanaStar, pulseras con tecnología QR para situaciones de emergencia
• La UPV lanza un concurso para "reinventar" la Universidad
• Llega a Valencia Metricson, una firma de abogacía especializada en 'startups'

VALENCIA. El tiempo de descuento en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) llega a su fin sin expectativas de acuerdo. Aunque dirección y comité de empresa discrepan hasta sobre la fecha de finalización del plazo legal de las negociaciones, el límite para llegar a un acuerdo no superará mediados de la próxima semana, si la dirección no impone su criterio y zanja la negociación este fin de semana.

Mientras los representantes de los trabajadores insisten en que se puede seguir buscando alguna modificación en los 1.295 despidos propuesto, la dirección de la empresa se muestra inflexible y no está dispuesta a mover una coma en lo que a resciciones se refiere.

Aunque se han barajado distintas propuestas de reducciones de jornadas y medidas de mejora en la gestión de inmuebles (como el traslado de la sede administrativa de ente, situada en la Gran Vía Marqués de Turia de Valencia), la dirección relativiza los efectores reales de estas medidas y defiende la reducción en un 76% de la plantilla.

UN FIN DE SEMANA DEFINITIVO

A un ritmo de dos reuniones por semana (los martes y los jueves) desde finales de julio, fuentes de la negociación estiman que será el próximo sábado cuando se celebre el último encuentro, que se prevé largo. En todo caso, la reforma laboral permite ejecutar como definitiva la propuesta de la empresa, aunque no haya alcanzado un acuerdo.

A diferencia de lo que ocurría antes de la reforma de Fátima Báñez, actualmente la propuesta no requiere la autorización de la Administración para ejecutarse, sino que simplemente se debe comunicar. Son los tribunales el único recurso de los afectados para revertir los despidos, aunque sea a toro pasado.

En este contexto, los trabajadores de la empresa están convocados a distintas jornadas de huelga esta semana y la próxima, concretamente el jueves y viernes de esta semana y el martes, miércoles, viernes y sábado de la próxima, cuando se haya completado el proceso de negociación.

DESPIDOS GRADUALES

La aprobación del ERE no significará la inmediata ejecución de todos los despidos. En el caso de los trabajadores en servicios que continúen en manos de la dirección, el proceso será rápido, pero en los departamentos que se privaticen se procederá a la escisión de contratos a medida que se vayan fallando los concursos públicos o las contrataciones de empresas para realizar la labor que actualmente está ejecutando personal de la casa.

Sobre los expedientes sancionadores abiertos a los trabajadores que impidieron la emisión del informativo de Canal 9 nada más conocerse el ERE, la dirección no ha tomado ninguna decisión. Aunque la medida permitiría el despido de más de una decena de empleados, la decisión significaría la salida de los miembros del Comité de empresa que están llevando las negociaciones.

IVVSA, UN EXPEDIENTE INFLEXIBLE

Esta dureza en la negociación por parte de la Generalitat a la hora de ejecutar los ERE ya se ha demostrado en el que se ejecutó en el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). El pasado mes de mayo la dirección sacó adelante la reducción de plantilla en 211 de los 327 trabajadores, a pesar de las propuestas alternativas planteadas por los sindicatos.

Al término de la negociación, se dejó en suspensión temporal a unos 40 empleados afectados, a expensas de poder ser reincorporados a partir de enero de 2013, a cambio de una reducción generaliza de sueldos. Fuentes del comité de empresa cuestionan que ese personal pueda reincorporarse, por depender de un incremento de la asignación presupuestaria, y no descartan que la mayor parte de los afectados terminen definitivamente su relación con la empresa cuando expire el plazo.

De este modos, la reducción de un 76% de su plantilla significará la desaparición definitiva de las áreas de gestión de suelo y promoción y cerca de 70 personas se dedicarán a la gestión y mantenimiento del parque inmuebles, entre viviendas y locales comerciales, de la Generalitat Valenciana y que se destinaba a familias con escasos recursos económicos, así como a los alquileres. 

CACSA, A LAS PUERTAS DE LA GESTIÓN PRIVADA   

Otra de las empresas públicas que se encuentra en fase de despidos es la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). La dirección trasladaba al Comité de Empresa que habrá un total de 140 despidos directos y otros 25 puestos amortizables, dejándola con 165 empleados. El periodo de consultas del ERE , que afecta a la mitad de la plantilla, se encuentra en fase de negociación con fecha de expiración el 5 de septiembre.

El Comité de Empresa sigue analizando toda la documentación aportada por la dirección de la empresa con el fin de exponer su postura en la próxima reunión, convocada para el 16 de agosto. Como ya anunció ValenciaPlaza.com, la empresa Parques Reunidos, compañía que gestiona el Oceanogràfic, también está interesada por la gestión del resto de Cacsa. Fuentes del Comité de Empresa apuntan a que no se les ha comunicado esta posible actuación, pero que el interés en la gestión por parte de empresas privadas quiere decir que reporta beneficios y por lo tanto debería explotarlo la Generalitat.

En el caso del Oceanográfic, Cacsa carga con los gastos de explotación del acuario, por lo que en el ERE también entraría parte de su plantilla, aunque no trabaje directamente en las instalaciones. La empresa alegó ante el Comité pérdidas económicas y un cambio organizativo para justificar el expediente de regulación, pero el Comité sigue manifestando su total desacuerdo y cree que la gestión del conjunto de edificios sí puede ser rentable.

AJUSTES EN FGV, EN PROCESO DE GESTACIÓN

En el resto de empresas del sector público empresarial, el proceso de ajuste se encuentran en elaboración y está previsto que se empiecen a presentar a partir de septiembre. Ese es el caso de la medidas de redimensionamiento previstas en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), empresa que acumula unas pérdidas de más de 194 millones de euros y una deuda de 641 millones de euros para una plantilla de 1.700 trabajadores.

La consultora Improven entregó a principios de julio su propuesta de redimensionamiento, que está siendo tomada como referencia para el ajuste que elabora la gerente de la empresa, Marisa Gracia, y que expondrá a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. Fuentes conocedoras del proceso apuntan a una reducción de sueldos de un 20% y a la reducción del personal administrativo (230 trabajadores), además de a al privatización de los talleres, que actualmente dan empleo a 400 empleados.

Sin embargo, será al término del mes de agosto cuando las responsables de la empresa presenten el plan de viabilidad definitivo al secretario autonómico del Sector Público Empresarial de la Conselleria de Economía, Bruno Broseta, encargado de coordinar el redimensionamiento de todas las entidades afectadas. El calendario señala para los meses de septiembre y octubre la ejecución de las medidas de saneamiento, con el objetivo de definir los presupuesto de 2013 con la empresa ya redimensionada, una situación que se prevé en el resto de empresas públicas afectadas.