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VALENCIA (EP). El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, ha informado de que la Abogacía General de la Generalitat ha pedido que el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, declare ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el conocido como 'caso de cooperación', que se instruye en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONG por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, de la que era titular, a fin de que éste pueda "explicarse con todas las garantías procesales".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, a preguntas de los periodistas acerca de la posible incompatibilidad entre esa petición de la Generalitat y la continuidad de Blasco como síndic 'popular' en las Corts.

En primer lugar, Císcar ha pedido para el portavoz parlamentario y exconseller "el más absoluto respeto al derecho constitucional de la presunción de inocencia" que, en este caso, "se reforzaría mas aun si cabe porque en estos momentos no está imputado".

El también conseller de Presidencia ha explicado que la Abogacía de la Generalitat ha pedido que la declaración de Blasco "se produzca ante el orden judicial que realmente le corresponde como aforado -el TSJCV-" y ha argumentado que lo han hecho "para que él pueda ejercer algo que él ha pedido, que es el legítimo derecho a poder explicarse y poder hacerlo además con todas las garantías procesales".

"COMPLETO ESCLARECIMIENTO" Y "DEPURAR RESPONSABILIDADES"

Císcar ha destacado que la Abogacía de la Generalitat "coincide" con todos los ciudadanos en que "lo que se quiere es tener el completo esclarecimiento de esos hechos y que la justicia pueda hacer su labor y depurar todas las responsabilidades que pueda haber en todo este proceso, donde ya hay varias personas que están imputadas".

En ese sentido, ha garantizado que tanto la Abogacía de la Generalitat como el Gobierno valenciano al completo brindarán "toda la colaboración" posible a la justicia.

En la causa, que cuenta con 27 imputados y que lleva más de un año en instrucción, se investigan supuestas irregularidades en la concesión por parte de la Administración autonómica de subvenciones -entre los años 2008 a 2011- destinadas a la cooperación al desarrollo para el tercer mundo, así como anomalías en la gestión de dichos fondos.

En la actualidad, el TSJCV estudia la petición de imputación contra Rafael Blasco, solicitada por el ministerio fiscal.