Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• AitanaStar, pulseras con tecnología QR para situaciones de emergencia
• La UPV lanza un concurso para "reinventar" la Universidad
• Llega a Valencia Metricson, una firma de abogacía especializada en 'startups'

ALICANTE (EP). El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto 25,8 millones de euros a los cinco exdirectivos de la CAM imputados por presuntas irregularidades en la gestión de la caja alicantina, que disponen de 15 días para reunir esta cantidad, a la que tendrán que hacer frente de forma solidaria.

Según ha desvelado el diario Información, el magistrado que instruye la causa ha aceptado la petición realizada el pasado 19 de julio por la los actuales gestores de la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejerce como acusación particular en este proceso. Tendrán, por tanto, que abonarla los dos últimos ex directores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.

Según fuentes jurídicas, se trata de una fianza solidaria que el juez Gómez Bermúdez ha impuesto en previsión de una posible futura condena que supondría a la antigua cúpula de la CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños económicos generados a la caja.

PASAPORTES RETIRADOS 

Gómez Bermúdez ya había retirado el pasaporte a los Amorós y Abad y había ordenado que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte del juez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina -el ex director general de Recursos Vicente Soriano Terol, el ex director de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex presidente Modesto Crespo- habían quedado libres sin la imposición de medidas cautelares. La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB.

Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.

LA INSTRUCCIÓN PROSEGUIRÁ TRAS EL VERANO

La instrucción del caso continuará después del verano, cuando las partes pidan nuevas diligencias, aunque según indicaron a Efe fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción esperará a contar con toda la documentación antes de solicitarlas.

Mientras tanto, la plataforma de afectados ha iniciado una investigación propia para demostrar que la CAM contrató a expertos en técnicas de comercialización "muy agresivas" para vender participaciones preferentes y cuotas participativas, según ha explicado a un portavoz. En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell -que se la adjudicó por un euro- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.