VALENCIA (EP). "Le ruego -le ha pedido la primera edil a Puchalt- que reciba a los trabajadores cuando se pueda", en el sentido -ha aclarado- de "atender al ciudadano" pero "sin crearles la menor esperanza o engaño". En total, el ERE de la empresa afecta a 600 trabajadores de Valencia.
Barberá ha intervenido así en el pleno de este viernes después de que el PP haya votado en contra de la moción de la oposición sobre ERE de Teletech. En la misma, los grupos de la oposición han solicitado al Ayuntamiento que reciba a los afectados -al igual que han hecho otros gobiernos locales-- y que pida a la Generalitat que negocie un acuerdo con la empresa, a la que le ha otorgado diferentes contratos desde 2004 por valor de siete millones de euros.
Al respecto, el edil de EU, Amadeu Sanchis, ha indicado que los empleados afectados deberían contar con la "comprensión" del hemicilo porque estos despidos están "injustificados" y la empresa plantea medidas "no excesivamente legales". "Teletech no es una empresa con pérdidas, y es inmoral que quiera hacer un ERE en los términos planteados", opina. Así, ha agregado que si el Ayuntamiento tiene un compromiso con el empleo, "debería instar a que se tomaran todas las medidas para ipedir que esta decisión inmoral de Teletech vaya adelante".
Por su parte, la edil de Compromís, Pilar Soriano, ha solicitado a Barberá que reaccione en este asunto, puesto que le ha recordado que el 80 por ciento de los despedidos en Valencia son mujeres trabajadores, y muchas de ellas madres solteras con niños, que son el "sustento" de su familia. También hay jóvenes, estudiantes y padres de familia, ha dihco.
Asimismo, el concejal socialista Salvador Broseta ha subrayado que el Ayuntamiento "no puede ser ajeno" a esta situación, y se ha preguntado, al igual que sus compañeros, "por qué no se han recibido a los trabajadores; y quién no tiene sensibilidad social".
Ante ello, Puchalt ha reconocido que la realidad de estos trabajadores, "como la de muchos otros sometidos a un ERE", es "tremendamente dolorosa", pero ha recalcado que cuando un expediente así afecta a varias comunidades autónomas "es a la Administración central a la que le toca responder. Los ayuntamientos quedan excluidos". "Esto es una decisión empresarial", ha añadido.
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