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VALENCIA. Civilization es el nombre de una afamada saga de videojuegos de estrategia por turnos. El jugador dirige una civilización, desde los orígenes hasta la era contemporánea, y ha de administrar todos los aspectos cruciales de la misma: crecimiento, expansión territorial, relaciones exteriores, economía, producción, avances científicos... El juego, aunque obviamente tiene sus limitaciones, constituye un buen aprendizaje de lo que implica (de lo que podría implicar) la gestión administrativa, porque en efecto la clave es administrar.

El buen administrador, en Civilization, hará bien en tener en cuenta dos aspectos fundamentales, e interrelacionados: por un lado, ser previsor y tener reservas estratégicas (de dinero, de tropas, de población, de alimentos) con las que responder en una situación límite. Por otro lado, no dar nada por sentado (por ejemplo, la amistad eterna de los vecinos de la civilización) y procurar que la gestión no desatienda en exceso ningún aspecto relevante.

De lo contrario, el jugador que se quede ensimismado embelleciendo sus ciudades, o fomentando a toda costa el crecimiento de la población, o la expansión territorial, podría llevarse una sorpresa desagradable. La naturaleza de dicha sorpresa (una invasión extranjera que nos pilla sin ejército, una hambruna con los graneros vacíos, o el estancamiento científico que nos deja a merced de los demás) casi es lo de menos, porque el resultado siempre acaba siendo la derrota del jugador; a veces, particularmente humillante y dolorosa. Vivir al día, en resumen, es una estrategia muy poco aconsejable: los imperios relucientes de hoy serán las ruinas de mañana.

Parches de dudosa eficacia para atajar la tormenta

Todo esto viene a cuento para constatar, una vez más, que en el origen de nuestros actuales problemas no está solamente una crisis de deuda cuyas motivaciones se nos escapan, o una crisis internacional que no podemos controlar. Está, ante todo, un problema de pésima gestión, financiera y política, caracterizada por el descontrol, la imprevisión y su acompañante inseparable, la improvisación.

La crisis es muy grave, su salida no se adivina en el horizonte, y la sensación general es de decadencia irrefrenable, porque no se adoptaron las medidas adecuadas en su momento, en los años de bonanza, ni se están adoptando ahora. Como haría un mal jugador de Civilization, en los años felices se gastaba y gastaba todo lo que entraba y más, sin que nadie se molestase en ser mínimamente previsor. ¿Para qué ahorrar para unos tiempos peores que nunca vendrían, o que vendrían con otro partido en el Gobierno? ¿Para qué atemperar los peores excesos de la desregulación y la sensación de impunidad?

Los aeropuertos sin aviones, Aves sin pasajeros y las "Ciudades de" (de las artes, de la cultura, de la luz o de lo que se tercie) no han salido de la nada. Los miles de puestos de designación directa no son culpa del oficinista, el pequeño empresario, el obrero de la construcción o el maestro de escuela. Fue la clase política la que ahondó el problema que ahora padecemos, con su gestión dilapidadora e irresponsable. La que ahora pide sacrificios, pero sin que dé la sensación, ni siquiera ahora, de que ellos estén muy dispuestos a sacrificarse.

No se tomaron medidas en los buenos tiempos... ni se están adoptando ahora. Se aplican duros recortes sobre la ciudadanía, en materia de sanidad, educación e impuestos. Pero no parece que dichos recortes sean extensivos a los gestores que deciden aplicarlos y que cada vez tienen más y más puestos de libre designación en torno a ellos (que en la mayor parte de los casos son expertos sólo en términos partidistas y no profesionales, es decir: paniaguados del partido). Ni siquiera en el fragor de una crisis tan grave como la que nos afecta.

Porque la política de recortes no obedece a la necesidad de hacer reformas estructurales que aseguren la solvencia del Estado; bien al contrario, obedece al intento de mantener el actual estado de las cosas, en el que han proliferado los puestos a dedo y las empresas públicas empleadas como agencias de colocación de afines. Y, para asegurar que esto se mantiene, se recorta de donde haga falta. Con el mismo descontrol e improvisación que en el pasado. Antes se vivía al día en la bonanza y ahora se sigue viviendo al día en la crisis.

No cabe extrañar, en ese estado de las cosas, que la indignación ciudadana esté en plena efervescencia. No es sólo por la profundidad de los recortes: es también por cómo se están aplicando, y con qué objetivos. Por los agravios comparativos entre la impunidad de algunos y el sufrimiento de la mayoría. Por poner un ejemplo: el profesor de instituto al que le han quitado un 20% del sueldo en tres años probablemente no se sienta recompensado por arrimar el hombro para salvar Bankia. Por no hablar de los millones de personas que sufren el drama del desempleo.

Cualquier persona que siga la actualidad política con un mínimo de atención sabe que el Gobierno, el actual y también el anterior, está totalmente desbordado por los acontecimientos. Que no tiene un plan, y que improvisa sobre la marcha, con continuos desmentidos y planes rimbombantes que luego se quedan en nada. Por eso, el Gobierno no inspira ninguna confianza. Ni a los ciudadanos ni, desde luego, a los mercados. Sin duda, las dificultades de la actual crisis exceden en mucho la responsabilidad del actual Gobierno, que a fin de cuentas sólo lleva siete meses gobernando.

En cambio, la manera en como se ha dilapidado la corriente de confianza inicial por parte de los dirigentes del Gobierno, en particular por parte del presidente "Winston" Rajoy, sí que es enteramente responsabilidad suya.

Comunitat Valenciana: Campeones... de nuevo

Por desgracia, la gestión que hemos padecido, y seguimos padeciendo, en la Comunitat Valenciana es fiel reflejo de los excesos e inconsecuencias que pueden detectarse a nivel nacional. La semana, pródiga en noticias, comenzó con el anuncio de un monstruoso ERE de 1.300 personas en RTVV, continuó con el sorprendente anuncio del president Fabra de que los festivos autonómicos cambiarían de día para ajustarlos al fin de semana, y terminó con el peor 'fin de fiesta' posible: el anuncio de que la Comunitat Valenciana será la primera comunidad autónoma intervenida.

Un anuncio tan real como el rescate bancario español, por más que intente disfrazarse con eufemismos (recordemos que el rescate bancario se definió desde el Gobierno como una "línea de crédito en condiciones muy ventajosas"). La constatación más clara, y más deprimente, del fracaso de la gestión política del PP valenciano: en pocos años ha logrado hundir las entidades financieras locales, la salud de las cuentas públicas, la imagen exterior de la Comunitat (y, en parte, la autoestima de los propios valencianos) y, desde que gobierna Rajoy, incluso la capacidad reivindicativa del Gobierno valenciano frente a situaciones objetivamente injustas, como un déficit fiscal más que significativo. Una reivindicación, en todo caso, que pierde fuelle al ver cómo gastaron nuestros políticos el dinero disponible.

El viernes vivimos un episodio más del drama. La Comunidad Valenciana, oficiosamente intervenida desde diciembre, oficializará esta situación en breve, al solicitar la ayuda del fondo previsto por el Gobierno español para que las CCAA puedan hacer frente a los pagos. Una medida desesperada y a la que, por desgracia, tal vez le suceda una de estas dos opciones: el rescate de España (y, por tanto, la intervención del Estado español por parte de quien se ofrezca a rescatarnos, en una medida significativamente mayor que con el actual rescate bancario) o, si tal rescate resulta inasumible, algo aún peor (suspensión de pagos, ruptura del euro...).

Lo que hace unos meses parecía una pesadilla desprovista de cualquier asidero en la realidad comienza a cobrar forma. Porque la verosimilitud de algo también es, entre otras cosas, cuestión de confianza. La que España, hoy por hoy, no comunica en absoluto.

#prayfor... ERE en RTVV

El lunes se anunciaban los términos del proyectado ERE en RTVV. Casi 1.300 despidos, un 76% de la plantilla. Unos términos durísimos que suponen, en la práctica, la carta de defunción de las cadenas autonómicas de radio y televisión. Al menos, si las entendemos como servicio público. La propuesta del Consell consiste en centrar el servicio público en los informativos y conceder el resto de la programación a distintas productoras, la mayoría de ámbito nacional (que, muy probablemente, desarrollen una programación común para varias televisiones al mismo tiempo). Es decir: convertir la televisión pública en una televisión privada más, con el aditamento de los informativos, en los cuales, vistos los antecedentes, no cabe esperar nada diferente a la obscena manipulación habitual.

Un desastre de proporciones mayúsculas y un fracaso que se explica muy bien atendiendo a la política de improvisación e irresponsabilidad que hemos padecido todos estos años. Es evidente que 1.700 trabajadores, y más en la actual situación económica, son demasiados. Pero lo sorprendente es que el ERE, durísimo con los trabajadores, no sólo no vaya a afectar a una estructura directiva que es la principal responsable de haber dilapidado a manos llenas dinero público para contratar a más y más personal, para comprar programas a precio de oro (la mayoría, con escasísimos resultados de audiencia y nula vinculación con el servicio público) o para mayor gloria de los delirios políticos del Consell; sino que, en apariencia, serán ellos los encargados de gestionar las futuras radio y televisión públicas.

Por poner un paralelismo: al menos, el consejo de Bankia dimitió. Aquí no dimite nadie, dado que el objetivo es perpetuarse a toda costa. Que todo cambie para que los que mandan no tengan que cambiar. En RTVV y en muchos otros ámbitos.
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Guilermo López es profesor titular de Periodismo en la Universitat de València