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Ahogado por la deuda, la caida de ingresos y un gasto fuera de control, el Gobierno valenciano ha solicitado acogerse al mecanismo de ayuda establecido por el Estado para las comunidades autónomas en riesgo de impago como último recurso para cumplir sus compromisos

VALENCIA (C. S. / L. T.). La noticia saltó al finalizar la reunión del Consell celebrado este viernes en Altea: La Generalitat solicita formalmente acogerse al fondo de liquidez autonómica (FLA) establecido por el Gobierno para las comunidades autónomas una vez desechado el instrumento de los hispabonos. Este mecanismo, al que en los próximos días se irán sumando paulatinamente el resto de CC AA, o al menos las más deficitarias, tiene prevista una primera dotación de 18.000 millones de euros destinados a dotar de liquidez a las haciendas autonómicas para hacer frente a vencimientos y pagos a acreedores.

Tal como venían anunciando desde principios de año diversas fuentes de la Generalitat, ésta ya no puede hacer frente a sus numerosos compromisos de pago si no recibe ayuda estatal. En el horizonte de esta precaria situación se halla el cumplimiento a toda costa del objetivo de déficit autonómico a fin de año establecido por el Gobierno, un 1,5%, objetivo de difícil cumplimiento para la Generalitat a causa de la disminución de ingresos, el cierre de los mercados a las emisiones de deuda autonómica y al retraso en los ajustes comprometidos en el sector público empresarial.

Ya a finales de diciembre de 2011, la Generalitat se vio en la perentoria necesidad de solicitar un primer crédito urgente al ICO con el que hacer frente a un vencimiento de deuda de 127 millones de euros comprometidos con el Deustche Bank. Meses más tarde y ante la presión de los acreedores, la Generalitat solicitó y obtuvo un nuevo crédito, más voluminoso e igualmente procedente del ICO, de 4.300 millones de euros con los que saldar todas las deudas con acreedores a fecha de 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, la deuda de 2012 comienza a acumularse nuevamente en el balance de las cuentas autonómicas ante la impotencia de una Administración paralizada e incapaz de sacar adelante las reformas comprometidas desde el año pasado (sanidad, educación, sector público empresarial, RTVV...).

De aquí a fin de año, y según confirmó recientemente el conseller de Economía, la Generalitat necesitará un nuevo 'rescate' financiero del Estado, en forma de ayuda por valor de 4.600 millones de euros para hacer frente a vencimientos de deuda, pago de acreedores y nóminas y emisiones no realizadas del año anterior (1.700 millones pendientes de realizar) con el objetivo de cumplir el límite de déficit impuesto por el Estado para fin de año a las comunidades autónomas, ya señalado, del 1,5%.

Esta ayuda, necesaria para abonar incluso las nóminas de la Administración autonómica y de su vasto sector público empresarial, es la que desde Hacienda y Economía de la Generalitat se preveía recibir vía hispabonos, unas emisiones con el aval del Estado destinadas a tapar los agujeros financieros de las CC AA. Sin embargo, el Gobierno rechazó recientemente la posibilidad de crear este instrumento por considerarlo peligroso para la calidad de su riesgo exterior, reemplazándolos por un fondo al que las comunidades podrán acceder cumpliendo exigentes requisitos, como rendición mensual de cuentas y ejecución de los ajustes y recortes de gasto establecidos.

LAS CUENTAS NO SALEN

Sin embargo, las cuentas no están saliendo en la gestión económica de la Generalitat. La conjunción diabólica de la caida de ingresos provocada por la recesión económica y el evidente descontrol de un gasto público desbocado, han conducido en el primer trimestre del año a un desbordamiento del déficit autonómico que algunas fuentes consultadas por este diario sitúan en el entorno del 1%. Difícil será el cumplimiento no ya del objetivo del 1,5, que se da por inalcanzable, sino siquiera de una cifra cercana si la Generalitat no recibe fondos avalados por el Estado con los que suplir las emisiones de deuda prevista, las no realizadas el año pasado más los 1.500 millones que deberían realizar en este ejercicio.

Demasiados encajes de bolillos en un entorno en el que las propias cuentas del Estado se hallan al borde del precipicio via incumplimiento de déficit estatal mientras éste no sea alargado en el tiempo por las instituciones europeas. Las emisiones de bonos del Estado cada vez son más caras y encuentran difícultades crecientes ante el escepticismo de los mercados ante un país que aunque ya ha planteado oficialmente sus reformas, aún no los ha llevado a la práctica.

Así se explican desplomes como los de ayer vividos tanto en bolsa como en deuda, con el Ibex 35 despeñándose casi un 6% y la prima de riesgo disparándose por encima del nivel crítico de los 600 puntos básicos por primera vez en su historia. Todo ello mientras en el horizonte asoman ya los vencimientos tanto del Tesoro Público como de la Generalitat Valenciana, cuyos importes más elevados coincidirán en el último trimestre del año.

Así, el Consell deberá devolver unos 1.400 millones de euros -unicamente en los vencimientos que recoge la base de datos pública de la CNMV y que no incluyen líneas del ICO ni préstamos bancarios-, mientras que el Tesoro lo hará por un montante próximo a los 30.000 millones. Menos mal que ya ha logrado emitir este año dos tercios de lo que tenía previsto hacerlo para todo el ejercicio.

Se trata de un problema mayúsculo si la prima de riesgo continúa así, dado que el Gobierno y las CC AA -no sólo la valenciana- tendrán serias dificultades para afrontar tales vencimientos. Aunque según expertos financieros consultados por este diario advierten que más pronto que tarde el Banco Central Europeo (BCE) se verá obligado a intervenir comprando deuda soberana española, lo que repercutiría a la baja sobre el 'riesgo país'.

De momento la partida más fuerte a la que la Generalitat Valenciana debe hacer frente en deuda se ubica a final de año. El 5 de noviembre le vencen 500 millones de un 'préstamo-renovación' al 6% a seis meses con Banco CAM, que proceden del que suscribrió con Caja Mediterráneo (CAM) en noviembre de 2010 -pero al 4,08%-. Y, por otro lado, el 22 de diciembre le expiran prácticamente 895 millones de euros de 'bonos patrióticos' emitidos en diciembre del pasado año.  

Un gestor español de fondos de inversión que trabaja en la 'City' londinse y que prefiere mantenerse en el anonimato, tiene claro que tanto el Estado como las CC AA lo van a pasar mal en los próximos meses ante el agravamiento de la desconfianza ante todo aquello que lleve colgada la etiqueta 'Made in Spain'. 

"El mercado no sólo está castigando el retraso de las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Rajoy, el incumpliento del déficit de las CC AA y la demora de la 'megainyección' de liquidez al sector bancario español, sino que también lo hace a la vista de las movilizaciones en la calle. ¿Quién invertiría en un país que periódicamente sale en todos los telediarios del mundo con manifestaciones públicas?", se pregunta.

La fuerte presión social surgida ante solo la primera fase de unos recortes no explicados y que no hallan contrapartida en otros segmentos de la vida económica parecen tener inmovilizado a un Gobierno, el de Mariano Rajoy, que está consiguiendo decepcionar a la opinión pública española por su actitud escapista. 

UN DESASTRE PREVISIBLE

Llega así la Comunidad Valenciana a una posición de quiebra financiera de difícil solución si no es mediante la intervención del Estado, traducida en una no deseada pero seguramente ineludible pérdida de soberanía económica. La palmaria incapacidad de los gobernantes autonómicos -especialmente de sus consejeros de Economía y Hacienda, así como los directivos de sus tres entidades financieras, disueltas, intervenidas o nacionalizadas- para controlar la deuda y aplicar los cambios necesarios en el momento preciso han sido la causa primera de un desastre económico que pasará a la historia.

El preámbulo de esta situación hacía temer lo peor. La creación de una burbuja inmobiliaria años atrás propiciada desde la propia Administración autonómica y sus entidades financieras, acompañada del desmantelamiento industrial sin una política económica e industrial alternativas solo podía acabar como se está viendo en los últimos tiempos. Por si ello fuera poco, el nuevo presidente de la Generalitat, que recogió el testigo del infame mandato de su antecesor, Francisco Camps, no ha sido capaz en estos últimos doce meses de dar señales de que había entendido la gravedad de la situación para actuar con la consecuente contundencia si se restan algunos recortes a los empleados públicos, el recurso fácil y más a mano para intentar detener momentaneamente el chorro de gasto.

La clase política tampoco ha estado, ni mucho menos, a la altura de las cicunstancias. Ni el partido en el poder ni el de la oposición han presentado alternativas viables de recuperación económica, centrados ambos en sus intereses particulares más que en la resolución de los problemas que acosan a los intereses generales. Los numerosos casos de corrupción denunciados pero no jugados -lo de Carlos Fabra es el símbolo de la decadencia de esta sociedad inmunizada frente a casi todo- solo han servido para caldear una situación ya de por sí extrema. Tal y como señalaba en privado recientemente un político valenciano de órbita estatal, solo a través del consenso y la unidad entre las fuerzas políticas y sociales valencianas se podría detener el deterioro masivo y establecer un pacto ‘nacional' de reparto de sacrificios y obligaciones capaz de encauzar a esta comunidad por el camino de la recuperación. Todo lo demás será un lento y doloroso camino de espinos hacia el abismo.

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