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VALENCIA. Los agentes sociales han tomado la delantera al Consell. Ante los impagos, los responsables de las patronales y sindicatos valencianos han decidido puentear a la Generalitat y negociar el cobro directamente con el Ministerio de Hacienda. Se trata de unos 50 millones de euros que las organizaciones han tenido que adelantar a través de créditos o a costa de sus propios fondos para prestar servicios de formación y programas de interés público que tenían asignados por la Administración valenciana.

El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, está negociando con el equipo de Cristóbal Montoro la utilización de parte del remanente de 8.000 millones de euros del pasado plan estatal de pago a proveedores para cubrir los incumplimientos del Consell.

Las negociaciones se iniciaron hace unas semanas, a pesar de las promesas de la Generalitat, que fiaba los pagos a la aprobación de los hispabonos. Tras la negativa a la emisión de este producto financiero (comunicada el pasado jueves por parte del Gobierno a las comunidades autónomas), la apertura de una vía alternativa como la que ha conseguido González ha resultado doblemente acertada, por anticiparse al peor escenario posible (que ha terminado por cumplirse) y por plantear un plan B que no existía.

"La Generalitat no tenía un plan alternativo", aseguran fuentes patronales. Por eso, no haber conseguido la aprobación de los hispabonos es "una mala noticia, pero resulta un alivio pensar que no está todo perdido", reconocen.

 EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES

"Las dos últimas emisiones de deuda de la Generalitat han sido un fracaso y desde entonces el Consell nos ha vendido los hispabonos como la gran solución"; reconoce a Valencia Plaza el secretario general de CC.OO.-PV, Paco Molina. Aunque asegura que lo realmente importante es la situación que se plantea a servicios como la sanidad y la educación pública, la situación a la que han llegado los agentes sociales es "completamente denunciable".

"Alguien tendrá que responder en la Generalitat sobre qué se ha hecho con los más de 10 millones de euros que nos deben a cada sindicato o con los más de 20 millones que le deben a Cierval", insiste Molina. Aunque estos servicios se financian con dinero que trasfiere trimestralmente el Estado exclusivamente para la formación de los trabajadores, tanto sindicados como organizaciones empresariales denuncian que el Consell lo ha estado destinando a otros fines.

En el caso de CC.OO.-PV, Molina no reclama un calenciario de pagos (como sí hacen algunas patronales), sino que se distribuyan mejor los que sí se están haciendo. "La Generalitat está librando pagos, pero no puede ser que se pague primero al que más grita", lamenta. Además, reclama que se tenga en cuenta que los agentes sociales están supliendo una actividad clave en tiempo de crisis que corresponde a la Administración, "lo mismo que las academias, que tampoco han cobrado". 

RIESGO DE QUIEBRA

En todo caso, lo que no está en manos de González ni del resto de líderes patronales y sindicales es si el Gobierno de Mariano Rajoy por fin cederá y cuándo estaría en condiciones de empezar a pagar. Sin los hispabonos, las expectativas de cobro en un plazo próximo se complican y organizaciones en riesgo flagrante de quiebra, como la patronal alicantina Coepa se enfrentan a las peores expectativas.

A principios de la semana pasada, en el comité ejecutivo de la organización cinco de sus once miembros votaron a favor de la solicitud de concurso de acreedores. Las promesas del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, de una inminente aprobación de los hispabonos evitó in extremis la suspensión de pagos, pero una nueva votación (después de conocerse el no del Estado a esta fuente de financiación) podría terminar en la aceptación del concurso.

Actualmente, la patronal alicantina está negociando con los bancos la refinanciación de los prestamos firmados para la construcción del Centro de Formación y por los 7,5 millones de euros que les adeuda la Generalitat. A estos incumplimientos públicos es a los que la organización culpa de su mala situación, que le han hecho reducir su plantilla a la mitad, poner a la venta su sede y barajar su propia refundación mercantil.

En Valencia, aunque no se ha planteado la declaración de concurso, la patronal CEV también achaca a los impagos de la Generalitat el despido de la mitad de su plantilla y la reducción de salarios de los trabajadores que ha mantenido. Otro tanto le ocurre a UGT-PV, inmersa en un expediente de regulación temporal de empleo sobre el 100% de sus trabajadores.

Sin tener que aplicar ajustes laborales se mantiene CCOO-PV, pero su secretario general, Paco Molina, reconocía a ValenciaPlaza que resisten gracias un contundente plan de austeridad y el cumplimiento de los pagos de sus 123.000 afiliados en la Comunitat Valenciana.