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MADRID (EP). El expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo Modesto Crespo ha asegurado este miércoles en la Audiencia Nacional que no planteó objeción alguna a las elevadas retribuciones fijadas en su propio beneficio por la exdirectora general María Dolores Amorós, al considerar que sus quejas podían ser calificadas como sexistas, según han informado a Europa Press fuentes personadas en la causa, investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 3.

Crespo, que ha respondido a las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez Javier Gómez Bermúdez, pero que se ha negado a contestar al resto de acusaciones, ha explicado que Amorós era la única mujer en la dirección de la entidad por lo que pensó que sus comentarios sobre las cantidades económicas que recibía podían ser considerados como una defensa de la desigualdad salarial entre sexos.

María Dolores Amorós acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el propio Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.

Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordaron despedirla a finales de 2011 y la exdirectora general recurrió esta decisión y pidió al menos diez millones de euros. No obstante, la juez declaró procedente su despido.

Además, Crespo, tercer imputado en la causa que investiga la gestión de la CAM en declarar en la Audiencia Nacional tras los directivos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano, ha asegurado que sus funciones como presidente de la entidad eran "meramente representativas" y en ningún caso ejecutivas.

En este sentido, ha concretado que su trabajo consistía en reunirse, como mediador de la Caja, con representantes de instituciones políticas y empresariales, como el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps o el obispo de Alicante. En esta misma línea, Crespo ha atribuido toda la responsabilidad sobre la gestión de la Caja al Comité de Administración y a la dirección de la entidad.

El juez Gómez Bermúdez ha citado a la cúpula directiva a lo largo de toda la semana. Así, tiene previsto tomar declaración a Amorós el próximo viernes y ha aplazado la comparecencia de otro de los directivos encargado de la instrucción, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, al próximo 19 de julio.

La plataforma de Afectados por la CAM, personada en la causa en representación de más de 500 afectados, ha solicitado el ingreso en prisión de los cinco directivos imputados y la imposición de una fianza para eludir la cárcel de 12 millones de euros.

INTERVENCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.