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VALENCIA. La Generalitat sufre. La soga al cuello de los impagos se ha apretado en los últimos meses: una situación crítica que los máximos responsables del Consell esperan que mengüe con el balón de oxígeno de los hispabonos que, por fin, se anunciarán este jueves y con la ampliación de pago a proveedores.
No obstante, elevando la mirada más allá de las protestas -cargadas de razón en la mayoría de los casos- de diversos colectivos, es obligado no perder de vista las reformas administrativas y estructurales a las que se comprometió el Consell de Alberto Fabra tras su llegada al poder.
La reforma del sector público empresarial "progresa adecuadamente". Es la versión oficial desde la conselleria de Máximo Buch, algo que no concuerda con otras opiniones vertidas sobre esta reestructuración necesaria para impedir la asfixia de la tesorería autonómica. Este sector, en el que trabajan cerca de 10.000 personas, ha conllevado en los últimos años unos gastos anuales de 3.500 millones de euros. El grueso de estos pagos, mientras siga sin aplicarse el adelgazamiento anunciado, sigue abonándose religiosamente cada mes.
Radiotelevisión Valenciana, que se encuentra en un proceso aparte del mencionado arriba, también se halla a las puertas de una profunda reestructuración que viene anunciándose y retrasándose desde meses atrás. La mala gestión del ente, que ha acumulado un agujero de en torno a 1.200 millones de euros, implicará una reforma drástica que incluirá un traumático ERE que todavía no se ha concretado.
Por otro lado, el cambio de modelo en la sanidad valenciana es otra de las reformas 'incógnita' del Consell de Fabra. El bloqueo por parte de los servicios jurídicos del documento inicial presentado por el titular de la cartera, Luis Rosado, ha prolongado el sabor a planificación acelerada ante una situación límite encarnada en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda aprobara el Plan de Viabilidad de la Generalitat. Las dudas florecen en las empresas aspirantes ante un proyecto complejo que debe estar en marcha el 1 de enero de 2013 y que ha encontrado, aparte de la oposición sindical, un primer escollo en el marco legal.
Estos son tres de los ejemplos de reforma que el Consell de Fabra ha prometido con el objetivo de reducir gastos y aliviar la presión de las arcas autonómicas. Sin embargo, superado el ecuador de 2012, todavía no se han plasmado de forma efectiva.
Mientras, los farmacéuticos han aplazado 'in extremis' una nueva huelga confiando en la palabra del Ministerio de Sanidad y del Consell, que han asegurado solventar su deuda millonaria con el gremio con la ampliación del plan de proveedores y la aprobación de los hispabonos. De la misma manera, el Gobierno valenciano podrá ir haciendo frente a la deuda con otros colectivos, como los 16 millones de euros que reclaman las Entidades Titulares de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (Fead) que atienden a 3.000 personas o el pago de 51 millones de euros de nueve institutos tecnológicos de la Comunitat que ayer protestaban por cuarto martes consecutivo.
Tres ejemplos de ámbitos diferentes que recogen la situación límite a la que se enfrenta la Generalitat Valenciana y que puede ser resuelta en los próximos meses, aunque sin perder de vista que, de no poner fin a los 'retrasos de verdad' en las reformas estructurales y administrativas, los pagos a los colectivos se quedarán en un mero parche que no evitará que se vuelvan a abrir vías de agua en el navío de la Generalitat.
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