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ALICANTE (EP). El titular del juzgado número 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del 'caso Brugal', pide la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

El magistrado Manrique Tejada ha trasladado a las partes la exposición de conclusiones, y ha enviado el sumario al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) debido a la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos.

El sumario además imputa a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz y su mujer, que a cambio de dádivas habrían resultado favorecidos con la tramitación del PGOU, así como el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores SL Javier Gutiérrez, además del arquitecto redactor del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada.

La práctica totalidad de ellos están imputados por un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y buena parte de ellos además lo están por tráfico de influencias. A Enrique Ortiz y a su esposa, Manuel Carratalá, así como a José Luis Castedo, Javier Gutiérrez, y al empresario Ramón Salvador Águeda les imputa también por cohecho.

La lista de los imputados se completa con el exmiembro de la dirección de CAM, Daniel Gil; los directivos de Bancaja Juan Zurita y José Cortina; el promotor inmobiliario Vicente Pérez; y los empresarios Aurelio González, Ramón Salvador Águeda, José Gregorio, Bernardo Campos, José Juan Climent y José Francisco Javier León, y el letrado Jorge Yacobi Strasser.

Una vez recibida esta causa, el TSJCV la registrará y asignará ponente, que será el encargado de elaborar una propuesta sobre la competencia para su posterior discusión por parte de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal, según informa en su Twitter el TSJCV.

"PLANOS ACTUALIZADOS, APAÑOS Y TINTADO DE ZONAS"

En este escrito, que consta de cerca de un centenar de folios, el juez hace una relación de los indicios de apariencia delictiva imputables a Sonia Castedo y a Díaz Alperi, y reproduce el contenido de algunas de las conversaciones telefónicas que considera más representativas de los delitos que propone imputarles.

Al respecto, apunta que, aproximadamente dos meses y medio después de que se adjudicara a la mercantil Laboratorio de Proyectos S.L. la finalización de los trabajos de revisión del PGOU, meses antes de que Quesada presentara el trabajo y cinco meses antes de la primera exposición al público de dicho planeamiento revisado, el imputado Enrique Ortiz mantuvo una entrevista en la Gerencia de Urbanismo a la que acudieron también Jesús Quesada, y la por entonces concejala de urbanismo Sonia Castedo.

En este encuentro, Ortiz y Castedo hablan de un "plano actualizado" y del "apaño" de determinadas actuaciones urbanísticas, y la edil le confirma que además le ha "apañado lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet, y también lo del Rico Pérez".

Para el magistrado, esta conversación revela el grado de influencia y el carácter de la relación que une a Ortiz con Sonia Castedo y Díaz Alperi. En esta misma línea, reproduce una conversación mantenida el 30 de julio de 2008, también entre Castedo y Ortiz, antes de la primera exposición al público del planeamiento revisado:

En este caso, Ortiz habla de darle un "plano pendiente" que Castedo cree que ya tiene, correspondiente a "tres parcelas" que el empresario le pide que mire "a ver si lo tinta de azul" para él. La edil le aclara que "eso es Jesús", en alusión al redactor del PGOU.

En este punto, el juez recuerda que el color azul se refiere a suelo de especial protección, y considera que el empresario imputado pretende obtener aprovechamiento urbanístico en zonas susceptibles de ser clasificadas como parques naturales, mediante la adscripción de dicho suelo protegido a la zona de suelo urbanizable que más conviene a sus intereses.

En cuanto a Luis Díaz Alperi, el auto recoge otra conversación del 28 de julio de 2008, entre éste y la mujer de Ortiz en torno a unos planos, que el alcalde necesita "antes de las doce" de ese día, y que Maleles acuerda entregar en la casa del primer edil.

Horas después, se intercepta otra comunicación entre Ortiz y Díaz Alperi, --cuando éste se encuentra en el despacho de Jesús Quesada--, en la que el empresario se interesa por conocer si Alperi ya ha recogido el plano que tenía que darle.

Así mismo, el magistrado considera relevante la conversación mantenida por ambos el 20 de septiembre de 2009, en la que el exalcalde pide explicaciones al empresario por no haber atendido a sus llamadas telefónicas, dialogan sobre las prevenciones que han de adoptar para comunicarse telefónicamente.

En esta entrevista telefónica, Díaz Alperi le indica que con quien este tiene que hablar para resolver el problema es con él y con los socios de Salvetti Abogados, refiriéndose al proyecto denominado de la Ciudad de la Economía, cuya gestión se mantuvo hasta el último momento en que devino en inviable a consecuencia de la protección medioambiental.

"VIAJE Y REGALO DE UN MINI"

Sobre los indicios de hechos susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de cohecho, en el caso de Sonia Castedo, el juez se remite al viaje realizado por la alcaldesa y su marido a Andorra en diceimbre de 2008, del cual no encuentra prueba de su pago por parte de la primera edil.

Además, destaca el regalo del coche marca Mini incluido en el informe policial y al que hacen referencia Ortiz y su mujer en la siguiente conversación interceptada el día 15 de agosto de 2009, en la que Ortiz le revela que "Sonia va a regalar un coche" a una conocida "a la que quiere mucho y está muy agradecida" porque "le está criando a la hija".