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Un sistema de financiación insuficiente, agravado por el cierre de los mercados de deuda que permitían compensar los ingresos, deja a la Generalitat a expensas de la ayuda del Gobierno central, que ve recortada su capacidad de desarrollar políticas activas por falta de fondos

VALENCIA. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana cumple este domingo 30 años. El 1 de julio de 1982 las Cortes Generales aprobaron el Real Decreto por el que los valencianos recuperaban el autogobierno perdido con la abolición de Els Furs en 1707. No fue un proceso sencillo, viciado por la denominada 'Batalla de Valencia', pero su entrada en vigor, 10 días más tarde con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, permitió a la Comunitat Valencia establecer y, con el paso del tiempo, consolidar una estructura política propia dentro del modelo autonómico surgido de la Constitución Española.

Pero tres décadas más tarde, aquel logro colectivo pasa por un momento extremadamente delicado. La crisis económica ha sacado a la superficie una serie de problemas vinculados al proceso de descentralización y ha abierto el debate sobre los límites de la autonomía de los Gobiernos regionales, especialmente en la gestión presupuestaria.

Distintos organismos internacionales, desde la Comisión Europea al Fondo Monetario Internacional, así como las agencias de calificación de deuda, en sus informes sobre las dificultades que tendrá el Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit público.

Esa espiral de desconfianza generalizada ha tenido una consecuencia directa sobre la capacidad de las regiones españolas para recurrir a los mercados de capital, una fuente de ingresos que servía para compensar, vía emisiones de deuda, los desfases entre los ingresos y los gastos. Con los vencimientos acechando y sin posibilidad de renovarlos, varias autonomías han tenido que pedir ayuda al Gobierno central para afrontar los pagos. De igual forma, también ha tenido que ser el Gobierno el que haya articulado un megacrédito para que las autonomías pagasen a los proveedores.

En ambos casos, la Comunitat Valenciana ha tenido que acudir a ese 'rescate' encubierto. Y lo ha hecho de forma intensiva. Un apoyo financiero para el que Gobierno reclama una serie de contrapartidas, que se traducen en recortes en el gasto y en incrementos en los impuestos, y un control estricto del cumplimiento del plan de saneamiento aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esa vigilancia económica a la que está sometida la Generalitat limita su capacidad de movimientos. Si bien la política de austeridad es compartida por el Consell de Alberto Fabra, la dependencia financiera del Gobierno central condiciona toda la acción política.

La Generalitat Valenciana, tras el desarrollo estatutario de las últimas décadas, tiene transferidas prácticamente todas las competencias posibles: de sanidad a educación, políticas sociales, justicia o la construcción de infraestructuras en su territorio, por poner algunos ejemplos.

Pero la crisis y el endémico problema de una financiación autonómica insuficiente -que ningún Consell ha sabido solucionar definitivamente- ha provocado que en los últimos meses la acción política del Gobierno de Alberto Fabra se limite a poco más que pagar las nóminas de los empleados públicos.

"No hay dinero para nada más", reconocen desde cualquier instancia del Consell. Y sin recursos económicos, el autogobierno se convierte casi en un acto puramente administrativo.

Cuando la crisis se agudizó, algunas autonomías plantearon la posibilidad de devolver competencias al Estado. Fabra ha negado en repetidas ocasiones que esa sea su intención. Sin embargo el presidente si ha abogado por racionalizar la estructura de la Generalitat.

Pero el debate interno va más allá. "¿Qué servicios esenciales debe seguir prestando la Generalitat?", se preguntaba un alto cargo del Consell hace unas semanas. "Porque tal y como están las cosas no se puede mantener el actual nivel de prestaciones... Por ejemplo, la sanidad actual es insostenible", añadió, en referencia al polémico proceso de privatización de la gestión con la que la Generalitat quiere recortar gastos.

Es en este escenario en el que el Consell va a celebrar el 30 aniversario de Estatut d'Autonomía. Y pese a que en el organigrama del Gobierno valenciano existe una Dirección General de Desarrollo Estatutario todo apunta más a un repliegue. Al menos hasta que cambien las cosas.